El reto de la digitalización: dignificar los nuevos empleos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recuerda en todas sus intervenciones que el fondo de reconstrucción europeo, que se centra en el proceso de digitalización y en la transformación energética, debe provocar una mejora notable de la competitividad, un capítulo en el que España va por detrás de la media continental. Aunque insiste en que no puede precarizar el empleo y aumentar las desigualdades porque, eso mismo, es lo que reclama la Comisión Europea. ¿Qué puede suceder?

¿El Covid ha acelerado la digitalización de los trabajos? / TELEFÓNICA EMPRESAS

Precarización

José Antonio Bueno, ingeniero y consultor empresarial, señala que debe existir “un plan social de verdad", con dinero comprometido para que los posibles planes de ajuste de empresas no comporten que se deje en la estacada a un número importante de la población. La digitalización, se “venda de una forma o de otra”, implica en su opinión un menor número de puestos de trabajo. En el sector de la banca, insiste, se ha comenzado a aplicar, pero también en otros, como el administrativo, en el ámbito público. Trabajos de intermediarios que se podrán sustituir a partir de una agilización de la digitalización. Bueno menciona al presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, que no ha querido ocultar el problema, al considerar que la digitalización “destruirá y creará empleos, y lo importante es liderar el proceso", porque nadie asegura que esos nuevos empleos se puedan crear donde estaban los antiguos.

¿Es un proceso que, por fuerza, camina hacia una dirección ya fijada, con menor empleo? No lo ve así Javier Pacheco, el líder sindical de CCOO, que reclama que los gobiernos “cumplan sus compromisos”. El gran reto, a su juicio, es que los nuevos empleos que se puedan crear “no sigan las pautas de precarización que vemos con la economía de plataforma”. La petición central de los sindicatos, CCOO y la UGT de Cataluña, que lidera Camil Ros, es que “se dignifique el puesto de trabajo”, comenzando por los que se consideraron “esenciales” durante la pandemia y por los nuevos trabajos que se puedan crear, a partir de la digitalización, sin que ello comporte una sustitución de buenos trabajos por “precarios”.

El ejemplo de Biden

Los sindicatos en España se apoyan ahora en el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como señala el economista Santiago Carbó. A su juicio, a pesar de las diferencias en los modelos sociales respecto a Europa, se trata de un “empuje muy claro para mostrar que se puede y se deben mejorar muchas situaciones laborales”.

El acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos fijó un aumento del salario mínimo hasta los 1.000 euros, o el 60% del salario medio en 2023. Tras dos subidas consecutivas, el salario mínimo está fijado en 950 euros. El Ejecutivo lo congeló para todo este año, y los sindicatos recuerdan “el compromiso adquirido”.

"Nuevo contrato social"

¿Pero hay otro trasfondo? Detrás de todo, está la reforma laboral, pendiente, y que debe recuperar, a juicio de los representantes de los trabajadores, algunos elementos “vitales”, como la “negociación colectiva”. Y que la “causalidad” en los despidos “coja fuerza y no sea algo arbitrario”. Lo que CCOO y UGT piden es un “nuevo contrato social” que impida la “precarización” y que incida en “los oligopolios tecnológicos”, en la dirección que ha tomado el presidente Biden en Estados Unidos.

Sin embargo, Santiago Carbó advierte de que no se pueden mimetizar las situaciones, y que España tiene un problema importante con su baja competitividad. Con el proceso de digitalización se ha abierto el debate sobre la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana. “Ir hacia una sociedad con un mayor peso del ocio es positivo, pero no podemos olvidar la competitividad, porque dependerá de la situación anterior de cada economía”, insiste Carbó.

El poder adquisitivo cae

Existe otra mirada, la de buscar un equilibrio a partir de la oferta y la demanda. Es decir, los puestos tecnológicos que requiere ese proceso de digitalización estarán bien pagados en la medida en que se reclamen más de los que el mercado puede aportar, en función de la formación que tengan los trabajadores. Eso lleva a la normativa laboral que se quiera aplicar. Es la posición del economista Gonzalo Bernardos. “Una normativa laboral que lesione los intereses de los trabajadores perjudica a los formados y a los no formados. Un ejemplo lo tenemos en lo que pagan inicialmente los bancos y las principales auditorías a los jóvenes graduados. Son un poco más que mileuristas. Su poder adquisitivo se ha erosionado considerablemente en los últimos 20 años y la clave ha sido la reforma laboral del PP”, afirma. En cambio, la llamada dignificación de los puestos de trabajo se podría decir que sí se cumplió entre 2003 y 2007 en sectores como la construcción, si atendemos a los salarios.

“Las diferencias entre los que dominan las nuevas tecnologías y los que no lo hacen aparecen principalmente porque los que las dominan son pocos e insuficientes para cubrir las necesidades de las compañías. Éstas se pelean por ellos y les pagan unos generosos salarios. Eso no ocurrirá a los que tienen una formación estándar, donde la oferta de trabajadores es mayor que la demanda y su salario es reducido. No obstante, si la demanda fuera superior a la oferta, tal y como ocurrió entre 2003 y 2007 en el sector de la construcción, su salario sería elevado, aunque su formación en nuevas tecnologías fuera escasa”, señala Bernardos.

Esas son las contradicciones que se ponen de manifiesto, justo cuando el proceso de digitalización podría cobrar una velocidad de crucero, con los fondos europeos. El consultor José Antonio Bueno remacha que las empresas y el sector público deben ser previsores y no forzar al trabajador a un “blanco o negro”. Es decir, que se adopten “planes” para que un trabajador pueda salir de una empresa con ciertas garantías, y siempre, también, que los gobiernos “generen empleo público con cabeza”, para reequilibrar situaciones que crearán “desigualdad”.