La campaña de la declaración de la renta de este año será especialmente compleja. El hecho de que muchos trabajadores hayan formado parte de un ERTE, o de que hayan recibido ayudas para paliar la pandemia o el Salario Mínimo Vital, puede resultar una auténtica tortura pero, además, un castigo para el bolsillo cuando no se ha interiorizado que se deba pagar nada. Son los errores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) al calcular mal las retenciones, prácticamente inexistentes en esas ayudas, lo que llevará a entre 300.000 y 400.000 catalanes a realizar la declaración, cuando no lo tenían pensado, y a pagar en la mayoría de los casos.

Los técnicos tributarios, organizados en la asociación profesional APttCB, piden a Hacienda que amplíe la campaña de declaración presencial que comienza el 1 de junio, porque no dará tiempo, --con el límite de la campaña fijada para el 30 de junio—a resolver todas las dudas e incidentes que plantea esa declaración. La declaración del IPRF, se admite, es compleja, con un manual que tiene 1.430 páginas. Por telefóno es difícil, y si se hace de forma personal por Internet se pueden cometer errores. Por eso, los profesionales reclaman que se puedan atender presencialmente a cada ciudadano.

Un pago de hasta 1.500 euros

En el conjunto de España los potenciales ciudadanos que pueden estar en esa situación son unos dos millones, según el cálculo de estos profesionales, que recuerdan que en el punto más álgido de la pandemia del Covid hubo hasta 3.750.000 trabajadores en ERTE y unos 400.000 más que recibieron ayudas, como el Salario Mínimo Vital.

Una persona rellena la declaración de la renta a mano / EFE

Son trabajadores que no superan los 22.000 euros de ingresos, que se ven obligados a realizar la declaración de renta porque han tenido dos pagadores con retenciones muy distintas: la propia empresa donde trabajan, y el SEPE, que no ha retenido apenas nada. Aquellos ingresos, en su momento, fueron necesarios y vitales para muchos ciudadanos, pero ahora deberán devolver parte de ellos, sin que se tuviera conciencia de que se debía hacer. Se trata de cuantías que pueden llegar a los 1.000 o 1.500 euros, y que para muchas familias puede resultar inasumible.

Montse González, José Amate y Xavier Masdéu, de la asociación de técnicos tributarios, entienden que todos los ciudadanos que pasen por esa situación deberían recurrir y adelantarse, en todo caso, a los posibles requerimientos, una vez se conozca lo que deben pagar.

Deducciones en el IRPF y aumentos para rentas altas

Las sanciones suponen el pago del 50% de lo que se deja de pagar. En ese caso, estos profesionales, que han explicado cómo afrontar la campaña de la renta, consideran que Hacienda debería tener una mayor flexibilidad y no buscar “las cosquillas” a un colectivo que es el que más ha sufrido la crisis y que se ha visto forzado a parar su actividad o su trabajo.

La Generalitat quiso adelantarse a esa circunstancia e introdujo una deducción autonómica en el IRPF para esos casos, que supondrá para la Generalitat un descenso de 16,3 millones de euros en sus ingresos. Pero, de la misma forma, buscará aumentar los ingresos con un aumento del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas. Pasa de un 21,3% al 23,5% para más de 90.000 euros; y hasta el 24,5% para más de 120.000 euros a 175.000 euros, y al 25,5% por delante de los 175.000 euros. En ese caso, y junto con el tramo estatal, el impuesto alcanza el 51%.