Promotores, agentes inmobiliarios y especialistas legales prevén un “caos interpretativo” que desatará una serie de batallas legales a causa de la voluntad de la Generalitat, anunciada este miércoles, de empezar a cobrar multas por alquilar viviendas a un precio superior al estipulado en el índice de referencia.

Las sanciones se establecieron en la ley catalana de contención de la renta, aprobada el 18 de septiembre de 2020. Sin embargo, dicha legislación se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional que, tras haber recortado ya parte del articulado del texto, debe aún resolver una cuestión clave: si el Govern tiene competencias para limitar los precios del alquiler en Cataluña.

“La juerga está servida”

Arantxa Goenaga, abogada especializada en Derecho Inmobiliario, señala que “la realidad es que la ley de vivienda continúa vigente” hasta que el Constitucional se manifieste. No obstante, avanza que “la juerga está servida”, ya que “la Generalitat seguirá aplicándolo y las propiedades recurriendo hasta el final”.

“Los propietarios lo alargarán poniendo todos los recursos y alegaciones posibles, pidiendo que no tienen competencia, para esperar a que resuelva el Constitucional”, augura la letrada, miembro del Círculo Legal de Barcelona. “Habrá conflicto y la Generalitat continuará intentando imponer estas sanciones, que son importantes, porque no se han quedado cortos”, sintetiza.

“Dudas de legalidad”

En el debate sobre la constitucionalidad de la ley, la Asociación de Promotores de Cataluña considera que “la norma no tiene encaje competencial”. Su director general, Marc Torrent, subraya que “hay dudas muy importantes de legalidad” y que “es muy grave” que el índice de referencia no tenga en cuenta factores como el estado de las viviendas: “No tiene ningún sentido”.

Además, Torrent advierte de que la medida “está siendo contraproducente a efectos de mercados”. Según la entidad, el cambio legal ha significado que la construcción de 1.500 nuevas viviendas de alquiler quede paralizada.

“Se ha hecho mal”

Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Colegio de Agentes de Propiedad Industrial de Barcelona, coincide en que “esto se ha hecho mal”, porque “no puedes coger el índice, que tenía una horquilla alta y baja y que se tenía que mejorar para tener en cuenta el estado de la vivienda”. “No considerar la horquilla de precios no es racional ni tiene sentido”, opina.

Por otro lado, Junyent recuerda que el Gobierno ha cambiado recientemente de criterio en materia de política de vivienda, algo que podría oscurecer todavía más las expectativas de la normativa catalana: “Se ha abierto una comisión bilateral con la Generalitat para ver si llegan a un acuerdo interpretativo; si eso no pasara, podría ser que el Gobierno también interpusiera un recurso de inconstitucionalidad”. Bajo este escenario, “la ley quedaría automáticamente suspendida, porque un recurso del Gobierno central tiene efectos suspensivos”.