El recibo eléctrico volverá a dar una desagradable sorpresa a los consumidores adscritos al mercado regulado en forma de un alza más que considerable. Los precios ha vuelto a dispararse en el mercado mayorista en abril, hasta el punto de que la comparativa con los años anteriores a la pandemia afloran subidas de hasta el 43% en el mismo periodo. Una circunstancia que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la actuación del Gobierno para tratar de frenar esta escalada alcista y el recurso no empleado de modificar la fiscalidad.
Lejos del entorno de bajas temperaturas registradas al inicio del ejercicio y sin un elemento exótico, por inusual, como la tormenta Filomena, el comportamiento de los precios de la luz pasa desapercibido en la primera mitad de abril. Sin embargo, en la primera quincena del mes se han registrado los precios más altos en el mercado eléctrico de los últimos años.
Referencia de los años prepandemia
La media se sitúa en 58,14 euros por megawatio/hora (MW/h), según los datos del sistema de fijación de precios. Una cifra que se sitúa un 10% por encima de la registrada en 2019, el ejercicio anterior al estallido de la pandemia del coronavirus, y nada menos que un 43% en relación con el mismo periodo de 2018.
Respecto al pasado año, el precio se ha multiplicado por 2,8, aunque no resulta una referencia representativa dado que a estas alturas de año se acababa de establecer el primer estado de alarma y, además, durante los primeros días del mes de abril se redujo la actividad económica a lo meramente esencial, a través del permiso remunerado recuperable, con el objetivo de minimizar lo máximo posible la movilidad y con ello la expansión del Covid.
Menor demanda
Aunque un año después la situación sanitaria ha mejorado y la actividad productiva se ha reactivado de forma considerable, cabe recordar que el país aún está bajo un estado de alarma, hasta el próximo 9 de mayo, y que los diferentes gobiernos autonómicos han implantado restricciones diverso tipo para pelear contra la pandemia mientras avanza el proceso de vacunación.
Esta circunstancia se traduce en una demanda eléctrica que es notablemente superior a la registrada en el mismo periodo de 2020 (por encima del 17%) pero que, sin embargo, aun está muy por debajo de la que se daba en los años previos a la llegada del virus; un factor que, en principio, debería contribuir a la distensión de los precios en el mercado, en lugar de todo lo contrario, como está sucediendo en la actualidad.
Un 10% menos de consumo
Sin ir más lejos, la luz en este mes de abril es un 9,6% más cara que en el mismo mes de 2019 pero, en cambio, la demanda eléctrica es un 10,2% inferior a la que se registró en el mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica; la comparativa es similar en 2018, toda vez que entre esos años apenas hubo diferencia en torno al consumo.
Si se retrocede un poco más, la demanda eléctrica en la primera quincena de abril aún se sitúa un 3,5% por debajo de la que se dio en 2017, a pesar de lo cual el precio de la luz ha sido en 2021 un 33,2% más elevado que entonces.
Más renovables
La composición del mix tampoco muestra en principio una tendencia que justifique la tensión de precios. La mayor parte de la demanda ha sido cubierta con nuclear y eólica, tecnologías que se consideran entre las más baratas del sistema, junto con la pujante fotovoltaica, cuyo notable crecimiento en los últimos meses ha triplicado su aportación al sistema peninsular en los últimos cuatro años.
El comportamiento de los precios de la electricidad se está trasladando incluso a la inflación, en un periodo de débil crecimiento económico, hasta el punto de que se habla incluso de que el primer trimestre habría concluido con una nueva caída del PIB en términos intertrimestrales.
Sin tocar el IVA
El nuevo subidón del recibo amenaza con poner de nuevo en marcha el debate sobre la fiscalidad de la luz, que el Gobierno se resiste a rebajar pese a que sería uno de los instrumentos más eficaces para reducir el coste para los usuarios.
El Ejecutivo, que rechaza aplicar un tipo reducido de IVA, llegó a asegurar que la Comisión Europea no se lo permitía, un extremo que el Gobierno comunitario negó.