Más de 2.000 negocios de restauración ultiman una demanda ante el Supremo para poder reabrir

Todo preparado, pero con la posibilidad de unir más demandas. El sector de la restauración se ha unido para reclamar los “derechos legítimos como empresas”, y ultima una macro demanda, con más de 2.000 negocios. La reclamación, que se prepara ante el Tribunal Supremo, la vehicula el despacho Cremades&Calvo Sotelo, aunque se trata, en realidad, de más de 2.000 causas individuales, porque en España no se puede, todavía, formular una demanda colectiva, a la espera de una trasposición de la directiva europea que lo contempla.

Este miércoles el despacho de abogados ha señalado que todo está a punto, pero que se están recibiendo más demandas y se desea, antes de presentarlas ante el Supremo, organizar un acto conjunto frente a la sede del Ministerio de Industria. El objetivo es llevarlo a cabo en los próximos días. La demanda se formula contra el gobierno central y contra los gobiernos autonómicos, al entender que las administraciones públicas no han respetado el propio decreto del estado de alarma, que señala que se deben ofrecer compensaciones económicas si los negocios se ven forzados a cerrar por los efectos de la pandemia del Covid.

¿Y quién paga los gastos fijos de los restauradores?

El colectivo Hostelería de Todos ha logado algo impensable hace solo unos meses. La atomización de los negocios de restauración es enorme, pero se ha conseguido una coordinación que es necesaria ahora para vehicular las demandas. “Hay restaurantes y bares, de dimensiones muy distintas, repartidos por las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, que piden ayudas, y que consideran que no se puede legislar a través de restricciones sin nada a cambio”, señalan fuentes del despacho de abogados.

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Una de las impulsoras ha sido la cocinera y propietaria del restaurante Étimo, en Madrid, Begoña Fraire, que pide una compensación por los alquileres, las cuotas de la Seguridad Social o todos los gastos fijos que se mantienen. “Todo eso no se perdona ni un día”, ha señalado. Otro de los restaurantes que se han movilizado es uno histórico en Barcelona, Casa Alfonso, con 90 años de vida. Su propietario, Alfonso García, señala que la demanda múltiple supone “ver la luz al final del camino, tras el desengaño con asociaciones, gremios y otras patronales que nos tenían que representar”.

Responsabilidad patrimonial

Sin embargo, esas patronales han influido en que las quejas acaben en demandas. Es el caso de Pimec, que impulsó un informe jurídico, del catedrático de derecho administrativo, Joan Manuel Trayter, que se refiere a la “responsabilidad patrimonial” de las administraciones públicas. Y que éstas deben responder cuando toman la decisión de restringir los horarios de apertura de los diferentes negocios.

El despacho Cremades&Calvo Sotelo tiene ahora otra palanca. Se trata de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, (TSJPV), que este martes aceptó, de forma cautelar, la petición de las asociaciones de hostelería de permitir que se reabran los negocios a partir de este miércoles. Afecta a todos los bares y restaurantes de los municipios que están en “zona roja”, debido a la alta tasa de contagios por covid.

Esa medida, según Diego Solana, el abogado del despacho que tramita las demandas, “confirma alguna de nuestras posiciones, y es que el Estado de Derecho y la Justicia no están en cuarentena y cualquier decisión de la administración está sujeta a revisión de jueces y tribunales, también durante el estado de alarma”.

¿Reacción del Gobierno?

Ahora bien, ¿cuál es el objetivo real de las demandas? La tramitación de esas quejas puede coincidir en el tiempo con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar ayudas directas a las empresas de los sectores más afectados. El Ejecutivo ya ha tomado la decisión, pero quiere que su “plan nacional” encaje a la perfección con las directrices de la Comisión Europea. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que se mirarán todas las opciones, que pasan por partidas directas, pero también por diferir el pago de los créditos ICO y otras medida que ultima el ministerio de Economía y el de Hacienda. 

Los abogados consultados del despacho que tramita las demandas señalan que buscar el pleito por el pleito "no es el objetivo", y que si se retiraran esas demandas sería la mejor noticia, porque ello supondría una reacción por parte de las administraciones públicas.