CEOE y Foment del Treball se han reunido este miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para pedirle que recurra al Tribunal Constitucional la subida del impuesto de Patrimonio al 3,5%. Ambas patronales han lamentado que España sea el único país de europeo en aplicar este gravamen.
“Es un impuesto que atenta contra la libertad a la propiedad privada de los contribuyentes españoles, una vez que ya han pagado la renta”, ha manifestado el presidente de Foment y vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez Llibre, en un encuentro con la prensa previo a la reunión el Defensor del Pueblo.
"No favorece la creación de riqueza"
También el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado el del Patrimonio como un “impuesto que grava el ahorro de algo que ya se ha pagado” y ha pedido a Fernández Marugán que presente un recurso de inconstitucionalidad amparado en que “no favorece la creación de riqueza”. “No decimos que no haya que pagar impuestos”, ha resaltado Garamendi.
La protesta de los empresarios parte del incremento del 2,5 al 3,5% con el que el Gobierno ha gravado el presupuesto del Patrimonio en los presupuestos de 2021 y que afecta a las fortunas de más de 10 millones de euros. Las patronales reclaman un “debate en profundidad” sobre el sistema fiscal y alertan de que “en muchos casos, el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio para poder pagar el impuesto”.
Eliminación del 'dumping' fiscal
Fue Foment la que tomó la iniciativa de llevar al Defensor del Pueblo, con capacidad para presentar recursos ante el Constitucional, la medida. Este miércoles, Sánchez Llibre ha insistido en la eliminación de este gravamen para “acabar con el dumping fiscal”. Esto atiende a que comunidades como Madrid mantienen la tasa al 0%.
Ambas organizaciones han asegurado que el impuesto a los ricos, como se ha denominado, tiene un efecto contrario a su fin puesto que “penaliza el ahorro y la inversión”.