Se reabre el conflicto por los despidos en la compañía de transporte Luís Simões. El sindicato CCOO ha comunicado este martes que recurrirá ante el Tribunal Supremo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 17 empleados de la distribución de Cobega en Martorelles (Barcelona). La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya desestimado en primera instancia la demanda del colectivo.
En abril del año pasado, la empresa lusa prescindió de los conductores que prestaban servicios en la embotelladora de Coca-Cola. Un portavoz del comité de empresa entrevistado por Crónica Global vincula este ajuste de personal con las quejas ante Inspección de Trabajo sobre las horas extra impagadas por parte de la mercantil.
Despidos en pandemia
"Fue una represalia total", expresa Juan Azorín Garcia, delegado sindical en Luís Simões. El representante de los trabajadores alega que antes del ERE no se produjo ningún recorte que justificara un ajuste de la plantilla por motivos económicos. Es más: meses antes del despido colectivo, el comité alcanzó un acuerdo con la dirección para la remuneración de las horas extra pendientes.
Azorín sospecha que la empresa se desquitó de las denuncias mediante el plan de reestructuración. "Argumentaron que nosotros, los 17 chóferes de Coca-Cola, generábamos las pérdidas de todo el grupo en España que emplea a 800 trabajadores", razona. A esta situación se añade que, durante el aislamiento decretado por el Covid-19, la firma también despidió a todos los transportistas del centro de trabajo de Parets del Vallès (Barcelona).
Abuso de las subcontratas
Además, CCOO reprocha que la compañía haya continuado operando a través de subcontratas que han llegado a doblar la plantilla original. La organización denuncia el recurso de la empresa a los autónomos externos cuando se contaba con personal cualificado para desempeñar las mismas funciones.
Los trabajadores esperan que el Supremo avale sus reclamaciones en base al derecho de indemnidad, que permite a los afectados denunciar las irregularidades en el seno de una empresa sin temor a las represalias.