Joan B. Casas, durante el acto de despedida como presidente del Colegio de Economistas de Cataluña, en 2018, con un lazo amarillo en defensa de los presos del 'procés' / COL.LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA
El nacionalismo resucita la exigencia de un concierto económico para Cataluña
Economistas por el Bienestar, liderado por Joan B. Casas, exdecano del Colegio de Economistas y excolaborador de Artur Mas, reclaman para la Generalitat el mismo trato fiscal que el País Vasco
2 febrero, 2021 17:46El nacionalismo catalán resucita la batalla por el concierto económico. Y lo hace justo donde la dejó el expresidente de la Generalitat Artur Mas en 2012 --entonces con la denominación de "pacto fiscal"--, poco antes de ponerse al frente del procés tras la negativa de Rajoy a cederle la recaudación de los principales impuestos.
El colectivo Economistas por el Bienestar, entre los que destaca el exdecano del Colegio de Economistas de Cataluña Joan B. Casas --exmiembro del CAREC, el órgano asesor económico que creó Mas en 2011 para avalar su reclamación del concierto económico--, ha presentado este martes un estudio en el que cifran en 9.107 millones de euros los fondos adicionales de los que dispondría la Generalitat si gozara del mismo trato fiscal que el País Vasco. Un montante que, obviamente, permitiría mejorar las inversiones y los servicios públicos.
Recursos de otras CCAA
En el estudio --que, además de Casas, suscriben Albert Carreras, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc Raventós y Josep Reyner-- se estima que la Generalitat pasaría a contar con un 36% más de recursos con este cambio de la financiación autonómica. Es decir, el gasto por habitante podría aumentar en unos 1.200 euros anuales.
Aunque esta mayor autonomía fiscal podría llevar a una rebaja de impuestos, los académicos abogan por incrementar el gasto para revertir los recortes y reforzar los servicios ante la actual crisis. De ser así, la sanidad pública recibiría 2.300 millones de euros más al año, una cifra que se eleva a los 2.643 millones en el caso de la educación. Cantidades que, lógicamente, habría que detraer de la financiación del resto de CCAA o de la Administración General del Estado.
