El empresariado presiona al Govern para lograr ayudas “mejor dirigidas”

Las negociaciones se mantienen con el Govern de la Generalitat, y por ello los agentes económicos quieren mantener la “prudencia”, pero sí han expresado que las ayudas que finalmente el Ejecutivo catalán ha puesto sobre la mesa “necesitan complementarse y dirigirse con un mayor criterio”. El Govern ha lanzado un plan de ayudas con una cuantía de 618 millones de euros, para autónomos, pequeñas y microempresas, que podría ampliarse en función de la presión y el fruto de esas conversaciones.

La primera constatación, por parte de las patronales, Foment y Pimec, y de la Cámara de Comercio de Barcelona, es que la inminencia de las elecciones ha tenido su influencia. El Govern, con las dos piezas económicas en primera fila, el vicepresidente, Pere Aragonès, y el consejero de Empresa, Ramon Tremosa, ha querido exhibir que todavía dispone de un cierto músculo para ayudar al tejido económico. Sin embargo, esas ayudas “pueden llegar tarde” y se necesita que estén “mejor orientadas”. Es una crítica que proviene de Foment y de Pimec, pero que también señaló la Cámara de Comercio, que ha estado presidida hasta la convocatoria electoral por Joan Canadell, un emprendedor alienado con las tesis del Govern y que forma parte de la lista electoral de JxCat como número dos.

Más allá del Gobierno central

Fuentes empresariales señalan que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el Govern de la Generalitat va siempre “un poco más allá” respecto a las exigencias que llegan desde el Gobierno central. Y una de ellas tiene relación con las ayudas a las pequeñas empresas, con una partida de 208 millones. Esos recursos se destinarán a las compañías de menos de 50 trabajadores y con menos de 10 millones de euros de facturación. Lo que se ofrece es 2.000 euros a la empresa para que pueda hacer frente a los costes fijos de los empleados que estén en un ERTE, y hasta un máximo de 30.000 euros, siempre que las compañías se comprometan a mantener los puestos de trabajo durante un año, por los seis meses que se pide por parte del Gobierno central.

En caso de no cumplirse se reclamarán el retorno de todas las ayudas, y no solo de los empleados que se haya decidido prescindir. Para las patronales es una cuestión central, que se considera que lastra el futuro de las empresas. Se entiende el retorno de las ayudas para aquellos trabajadores que se queden fuera, pero se rechaza por completo que se deba mantener a la totalidad de la plantilla, cuando la actividad se ha reducido al mínimo.

Renegociar los créditos ICO

Otra cuestión que todo el tejido empresarial reclama es que esas ayudas lleguen de inmediato, porque las reservas ya están al límite. El consejero de Empresa, Ramon Tremosa, señaló que la voluntad es pagar, una vez aprobado el plan, en 30 o 35 días. Esa demora puede resultar fatal para muchas de esas pequeñas empresas.

Una fuente empresarial considera que sectores como el de la restauración ya no aguanta más. Si bien en la primera ola de la pandemia muchos negocios pudieron tirar de los ahorros, y en una segunda fase a través de los créditos ICO, “ahora las condiciones de esos mismos créditos ha variado, y la situación es de extrema gravedad”.

Compensar las pérdidas

Por ello, se insiste en que las ayudas deben ir encaminadas al pago de los costes fijos, a todo aquello que se ha ido pagando, al margen de las bonificaciones de alquileres de los locales, que sí se ha producido en muchos casos. Desde lo que se paga por el contrato de potencia eléctrica --un fijo aunque la luz esté apagada durante semanas--, hasta el pago de impuestos. Lo que está en juego es una disyuntiva: “Una mayor deuda pública ahora, o un pago posterior a trabajadores por desempleo o la caída en bloque de los ingresos de impuestos, porque no habrá empresarios ni negocio que sostener”.

La Cámara de Comercio ha sido taxativa, al entender que esos 208 millones, para empresas con menos de 50 trabajadores, son “insuficientes”. El cálculo que se realiza es que sería necesario abonar, para compensar el 50% de las pérdidas, un “mínimo de 800 millones de euros”. Y en la línea que ha defendido Foment, la Cámara señala que para las empresas que han sufrido una reducción total de su actividad deberían poder renegociar los créditos que hayan pedido al ICO, con el objeto de condonarlos o de deducir los negocios que se encuentren parados por la crisis”.