La controversia que ha generado en el seno del Gobierno el repunte registrado recientemente por los precios de la electricidad como consecuencia del temporal de frío ha provocado inquietud entre algunos de los numerosos inversores internacionales que apostaron en su día por el sector energético español. Una preocupación que ha llegado al seno del Ejecutivo, que ha procedido a dar un mensaje de calma: la situación no derivará en modificaciones de calado en el sistema.

La polémica surgida por la subida del precio ha hecho resucitar los mensajes lanzados en su día por Unidas Podemos, hoy socio de la coalición de gobierno, cuando estaba en la oposición, acerca de acabar con las retribuciones a determinadas plantas de generación (los denominados “beneficios caídos del cielo”) e incluso sobre la necesidad de nacionalizar las compañías para que la producción y comercialización de la energía volvieran a manos del Estado.

Trabajar sin ruido

Nada de eso está encima de la mesa de Moncloa. Al menos, en lo que concierne a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Son los mensajes que se han trasladado a aquellos grandes inversores que han preguntado si detrás de la enésima discrepancia en el Consejo de Ministros se escondían modificaciones de calado en un sector por el que han apostado decenas de miles de millones de euros en los últimos años.

“Me gustaría que trabajáramos de otra manera, juntos en la misma habitación, sin ese excesivo ruido”, manifestó Ribera hace unos días en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE). Precisamente, ese ruido es el que ha trascendido las fronteras y ha provocado la incertidumbre de grandes inversores institucionales y fondos, que han visto en ese ruido el trasfondo de posibles cambios que afectaran a sus intereses.

Obstáculos

En los últimos días, la propia vicepresidenta ha esgrimido la posibilidad de estudiar algunos mecanismos para mitigar el efecto inflacionista que genera en el precio de la electricidad situaciones como los temporales de frío. No obstante, Ribera también admitió la dificultad que entrañaría modificar aspectos como el sistema de fijación de precios, compartido con la mayoría de los países de la Unión Europea.

Además, la ministra también ha descartado de forma tajante la posibilidad de llevar a cabo procesos de nacionalización de empresas del sector.

Riesgo jurídico

La queja en torno al ruido generado por los debates internos con Unidas Podemos está precisamente relacionada con la reacción que estos cruces de declaraciones han tenido entre los inversores.

España ya sufrió en los últimos años las consecuencias de introducir modificaciones en un sector notablemente regulado y, por lo tanto, alterar los planes de negocio de inversores que contaban con una hoja de ruta definida a medio y largo plazo.

El precedente de Soria

Sucedió con las reformas introducidas por el primer gobierno de Mariano Rajoy, cuando su ministro de Industria, José Manuel Soria, recortó de forma drástica las primas a las renovables con carácter retroactivo, lo que derivó en más de un treintena de procesos de arbitraje contra el Estado. La mayoría de ellos sigue activos en la actualidad y el total de las reclamaciones supera los 7.700 millones de euros.

Precisamente, son escenarios como éstos los que el Gobierno quiere evitar a toda costa, sabedor de la capacidad de lobby de los inversores.