UGT y CCOO han exigido este martes al Gobierno que apruebe “en los primeros días de enero” el real decreto que incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones. La reclamación llega después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya anunciado que la medida, que vence el próximo 31 de diciembre, se alargará un año más.

La prórroga, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, permite que los trabajadores despedidos antes de 2011 puedan jubilarse en mejores condiciones. Con todo, los sindicatos han expresado el carácter de urgencia de la medida y han pedido al Gobierno que acelere los trámites para reducir “al mínimo el periodo de inseguridad jurídica que, sin duda, se abre entre el 1 de enero y la fecha de aprobación y publicación en el BOE”.

Prorrogada desde 2018

La cláusula fue impulsada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y quedó limitada hasta el 31 de diciembre de 2018, tras lo que ha sido prorrogada en los dos últimos años. A ella se pueden acoger quienes se vieran afectaros por un ERE o fueran despedidos tras regulaciones en convenios colectivos, de empresa o en procesos concursales anteriores a 2013.

“Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera”, han manifestado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Subida del SMI

El ministerio que pilota José Luis Escrivá ha detallado que se sigue manteniendo el derecho a que estas personas puedan optar por la legislación ahora vigente.

Por otra parte, los sindicatos también han reclamado al Gobierno que aplique en 2021 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y han manifestado que "no hay ninguna justificación para no aumentarlo". CCOO y UGT han apostillado que "es irrenunciable" que el sueldo salarial se sitúe en esta legislatura en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.