Expolíticos del PP y PSOE claman por un plan de reindustrialización a través de Foment

Numerosas reuniones y muchas horas de trabajo, durante la pandemia y en los últimos meses, con algo más de margen para establecer contactos. La asociación de exdiputados y senadores de las Cortes Generales, con políticos de muy diferente signo, del PP y del PSOE, y también de la UCD y de Unió Democràtica, han elaborado un extenso trabajo para la reindustrialización de España, que han entregado a Foment del Treball, para que lo vehicule, aunque lo difundirán a través de otros organismos y entidades. La idea es que la industria tiene un efecto claro sobre la estabilidad de un país, pero el problema ahora es anterior: “No se pueden crear las condiciones para reindustrializar España sin estabilidad política”.

El informe lo han ofrecido a Foment del Treball, que ha agradecido el “rigor” de un trabajo que pasa por la exigencia de unas condiciones previas. Lo que se defiende es que “sería un profundo error reabrir debates para tratar de cambiar profundamente nuestra arquitectura constitucional común en un momento como el actual. Y el deseo de una pronta recuperación nos obliga a respetar el equilibrio y la autonomía de las instituciones, perseverar en los valores democráticos e interiorizar que democracia y Estado de derecho son realidades inseparables, creando el único espacio en el que se puede vivir y emprender en libertad y el único marco en el que un ciudadano puede desarrollarse en igualdad de oportunidades”.

Eliminar burocracia

La petición es diáfana, ni debate sobre la monarquía o la república, ni dar más alas al proyecto independentista en Cataluña. Lo que se necesita es “estabilidad” para construir unas nuevas bases en el modelo económico, a partir de los fondos europeos, con cambios legislativos que garanticen “la seguridad jurídica”.

El informe, que han coordinado los exdiputados José María Mesa y Antonio Gallego, defiende, entre otras cuestiones, que el marco administrativo y jurídico sea más simple y ágil, y que para conseguirlo se aproveche “las ventajas de la digitalización y la transformación digital para reducir burocracia, reducir los costes asociados a los trámites exigidos, simplificar el marco jurídico y evitar duplicidades”. Otro ámbito es el judicial. El clima político-institucional se debe clarificar al máximo para permitir inversiones y rediseñar el modelo económico, con un peso mucho mayor de la industria, porque es la que ofrece puestos de trabajo con mayor valor, y, a su vez, permite la estabilidad social de un país.

Urbanismo planificador "obsoleto"

Para lograr ese objetivo, en el campo jurídico, se pide que “se respete el Estado de derecho”, que “garantizará la iniciativa privada y las inversiones empresariales”. Se deben perseguir, por tanto, varios caminos: “Las sentencias deben cumplirse, las estructuras jurídicas deben despolitizarse lo más posible e impulsar medidas legislativas para reducir la litigiosidad y, especialmente en este contexto, perfeccionar la actual normativa relativa a la denominada ‘segunda oportunidad’”.

Una cuestión primordial es el urbanismo planificador, que se considera “obsoleto”. El trabajo detecta “la necesidad de abordar importantes cambios en la normativa referente a los Planes Urbanísticos de Desarrollo Industrial”, a partir de las nuevas demandas de grandes espacios de altísima condición y aptitud para dar cabida a las tecnologías de la información”.

El informe ya lo han recibido el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el jefe de gabinete de presidencia de la patronal, Jordi Casas, que forma parte de la Asociación de exdiputados y exsenadores. La petición central es que el Pacto Nacional por la Industria pueda ser el foro adecuado para impulsar “una profunda actualización de la Ley de Industria y pueda servir también como catalizador para la creación de un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, que incorporase a las Comunidades Autónomas y a relevantes agentes económicos y tecnológicos, para abordar los principales retos de futuro”.

Ley de Morosidad

Entre otros elementos que se estudian está la Ley de Morosidad, con la idea de que las grandes empresas no se financien a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, aprovechando su posición de dominio en las relaciones comerciales. Y también se constata que “sería un error iniciar una escalada de incrementos de impuestos sin previamente haber recortado gastos superfluos y haber planteado una estrategia seria de reformas estructurales y de lucha contra el fraude fiscal”.

Algunas de esas peticiones se recogen también en los trabajos realizados por el Instituto de Estudios Estratégicos de Foment, que dirige Jordi Alberich. Por ello, Foment puede ahora liderar ese enfoque para la “reindustrialización”, que ha alentado el propio Sánchez Llibre en los últimos meses.