Es momento de cambios, de aprovechar el dinero europeo para rehacer los organismos de control y de prevención de la salud pública. Las prácticas de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) es el modelo que se debe aplicar para mejorar la toma decisiones en el ámbito sanitario, siguiendo también lo que ya tienen otros países, como el Reino Unido, con el National Institute for Health and Care Excellence (Nice). Esto es lo que reclaman hasta 300 profesionales de toda España que propugnan un salto adelante, una especie de AIReF sanitaria o de HispaNice.
¿Por qué esa demanda? La apuesta por el HispaNice se realiza desde la premisa de un “ahora o nunca”, con la idea de que se dan todas las circunstancias para modernizar la administración sanitaria en España. La pandemia, según ese conjunto de profesionales, ha puesto de manifiesto “las diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Entre esas debilidades se señalan “las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro”.
Conectar gobierno central y autonomías
El hecho de que las distintas comunidades autónomas hayan tomado decisiones por su cuenta, con la puesta en marcha de hospitales, con decisiones sobre el gasto sanitario, ha llevado a un grupo de economistas y profesionales relacionados con el mundo sanitario a pedir esa “Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias”. Se trata de incorporar todas las cuestiones relacionadas: “La evaluación de las prestaciones sanitarias debe incluir la efectividad clínica, la evaluación económica y su impacto presupuestario, de modo que la Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas Sanitarias y Políticas Sanitarias completaría la valoración de eficacia y seguridad que ya realizan otras instituciones”.
Pero, ¿por qué ahora? “La financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación. La Autoridad Independiente permitiría el trabajo en red conectando centros existentes de conocimiento experto a nivel central y autonómico, los centros asistenciales del SNS, la academia y la industria sanitaria”. Entre los firmantes de la petición figuran economistas de la salud, clínicos de diversas especialidades médicas, farmacólogos y farmacéuticos, epidemiólogos, enfermeros, directivos hospitalarios y de atención primaria, investigadores y universitarios de diversas disciplinas: desde Guillem López Casasnovas, a Miquel Porta, Jaume Padrós, Francisco Longo, Susana Lorenzo, Olga Pané, Magda Campins, Asensio López, Javier Mas, o Santiago Lago, hasta llegar a 300 profesionales de toda España.
Reformas de calado, ahora
Con una crisis en todo el organigrama administrativo en España, este colectivo considera que en el ámbito sanitario se debe aprovechar el momento para “reformas de calado”. Se hace “imprescindible”, se considera, “apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud. La oportunidad para la financiación institucional que el gran proyecto europeo permite es única y, previsiblemente, irrepetible en muchos años. Y sin la necesidad de hipotecar los costes recurrentes que pueda generar, que irían mayormente a cargo de los evaluados”.
España, sin embargo, no ha querido, por ahora, basarse en los fondos que permite el MEDE, el llamado “fondo de rescate europeo”, que se empleó en la anterior crisis, y que dispone de 250.000 millones de euros. La condición de la Comisión Europea es que los recursos que se utilicen sean únicamente para el sistema sanitario. El Gobierno español que preside Pedro Sánchez no quiere, en estos momentos, saber nada de ese fondo y busca los recursos de Nex Generation, enfocados para la transición energética y la digitalización de la economía.
Ganar eficiencia
El colectivo de economistas y profesionales de la salud es que se acaben las “arbitrariedades”, y que se actúe con la mayor eficiencia. En su manifiesto, se pide que la creación de ese organismo, esa AIReF sanitaria, “es ineludible para garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia científica y en valores sociales consensuados. Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la substituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas”, reza el escrito.
Por tanto, ese organismo “debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas”. Dar un paso adelante para mejorar un sector que la crisis del coronavirus se ha visto que es clave para la sociedad.