La posible revisión de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo año ya constituye un nuevo frente de batalla entre los dos partidos que constituyen la coalición de Gobierno: PSOE y Unidas Podemos. Apenas unos minutos después de que el Ministerio de Trabajo descartara por completo que fuera a congelarse y apuntara a una más que probable subida, la ministra portavoz ha hecho un significativo llamamiento a la prudencia en este terreno.

Mensajes cruzados que no llamarían la atención de no ser porque ambos proceden del mismo Consejo de Ministros, donde se libra una batalla entre el departamento que encabeza Yolanda Díaz, una de las ministras de Unidas Podemos, y Asuntos Económicos, con la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al frente.

Díaz contra Calviño

En las últimas jornadas, el mensaje de Díaz ha sido inequívoco en favor de un incremento de esta variable. Hecho que genera rechazo entre los empresarios y muchas dudas en la facción económica de Moncloa, que ve en esta cuestión otro torpedo en la línea de flotación de una nave que, ya de por sí, será muy compleja de pilotar debido al complicado escenario macroeconómico que hay por delante.

Calviño se opone a una subida del SMI mientras ya trata de hacer equilibrios imposibles para cuadrar los Presupuestos que el Congreso aprobará previsiblemente antes de que acabe el año. La situación ha llegado a las alturas, toda vez que las informaciones apuntan a que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presiona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que impulse la subida, lo que supondría una desautorización en toda regla de Calviño.

Congelación descartada

Este martes, ha sido Trabajo el que ha vuelto a adelantarse con un encuentro con patronal y sindicatos para abordar la espinosa cuestión. A su término, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha descartado por completo que el SMI se vaya a congelar y ha llamado a los empresarios a reconsiderar su postura al respecto, que pasa incluso por rebajarlo desde los 950 euros en los que se encuentra en la actualidad.

Apenas unos minutos después, tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a la prudencia con este asunto con el argumento de que se podría poner en peligro tanto el crecimiento económico del próximo año (que el Gobierno estima que podría irse muy cerca del 10%) como la generación de empleo.

Los 1.000 euros de los sindicatos

Quizá por este motivo, Trabajo no termina de concretar en qué proporción estima que debería subir el SMI. Algo que sí parecen tener algo más claro los sindicatos. En concreto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado que el SMI debería alcanzar los 1.000 euros en 2021, lo que supondría un incremento de algo más de un 5%, como paso previo a situarlo en 1.200 euros al final de la presente legislatura.

Álvarez advirtió de que el sindicato no admitirá una congelación del SMI ni tampoco elevar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones, como plantea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que constituye otro de los frentes abiertos en la coalición de Gobierno.

Los economistas, por la subida

Casi en respuesta directa a Álvarez, Montero recordó tras la reunión del Consejo de Ministros que el SMI se ha incrementado un 29% desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo y apeló al diálogo con los empresarios y con los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo, que consideró más necesario que nunca debido al actual entorno.

Previamente, el decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Antonio Gasol, se ha pronunciado también al respecto y ha apuntado en una dirección alternativa, toda vez que es partidario de la revisión al alza del SMI de forma progresiva pero con la introducción del factor territorial debido a las notables diferencias del coste de la vida que se da en las diferentes Comunidades Autónomas.

Daño al empleo

Gasol coincide con la opinión de los sindicatos en el sentido de que el SMI debería llegar a ser equivalente al 60% del salario medio del país aunque, a diferencia de las centrales, no ha especificado un horizonte temporal concreto para lograr esta meta. Mientras, diferentes patronales de empresarios se han pronunciado en los últimos días en contra de la revisión al alza del SMI ya que consideran que sería un elemento notablemente perjudicial para la recuperación del empleo en la fase de recuperación de la economía.

Precisamente, el mensaje en el que han coincidido la mayoría apunta a que el debate tiene que centrarse ahora en determinar la manera más eficaz de recuperar los puestos de trabajo perdidos por causa de la pandemia y no la cuantía del salario mínimo.