Nadia Calviño ha confirmado en sede parlamentaria lo que, en realidad, era un secreto a voces: al Estado le queda un largo tiempo de permanencia en el capital del nuevo Caixabank. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos ha zanjado de un plumazo las cuestiones relativas al calendario de salida por parte del FROB. “Si queremos maximizar el valor de la participación pública, no es momento de fijarse fechas”.
El argumento responde a algunas de las preguntas formuladas por diferentes portavoces de los grupos presentes en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, en la que Calviño, a petición propia (aunque ya había dos solicitadas con anterioridad) ha expuesto sus explicaciones sobre la fusión que dará lugar al primer banco de España.
Reevaluar el plan
Calviño ha reconocido que la operación lleva a “reevaluar el plan de desinversión porque ahora se dan circunstancias diferentes y hay que analizarlas para proteger el interés general”.
Antes de que se planteara la fusión, el Ejecutivo había fijado como fecha límite para salir del capital de Bankia el 31 de diciembre de 2021, después de dos prórrogas bianuales. Sin embargo, ahora ya no hay fechas sino una estrategia de dar tiempo al tiempo para tratar de recuperar el mayor porcentaje posible de los 24.000 millones de euros de ayudas públicas que fueron inyectados en Bankia en 2012.
Reforzar el sistema financiero
La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en relación con la participación que el Estado mantendrá en el nuevo Caixabank, en torno al 16%, no diferirá de la que ha regido en Bankia. “El objetivo siempre ha sido defender el interés general, reforzar el sistema financiero y maximizar el valor de la participación”, ha repasado Calviño.
Hasta el momento, el Estado ha recuperado poco más de 3.300 millones de euros a través de los dividendos de Bankia y de la venta de dos paquetes de acciones en los años 2014 y 2017, de algo más de un 7% cada uno.
Expectativas bursátiles y de dividendos
“Con la fusión, las expectativas de dividendos aumentan muy significativamente y lo mismo ocurre con las del incremento del valor de la acción”, ha vaticinado la ministra, que también ha querido recordar que Bankia también ha devuelto 5.000 millones de euros en compensaciones tanto por el proceso de salida a bolsa como por la venta de productos híbridos (las célebres participaciones preferentes).
No parece tarea fácil recuperar lo que resta con la revalorización de los títulos del banco resultante ni con los dividendos. De ahí que la relación del Estado con Caixabank tenga muchos visos de ser duradera.
Proteger el capital humano
Los portavoces en la comisión también han trasladado a Calviño su inquietud por la repercusión laboral que tendrá no sólo ésta sino todas las fusiones que se produzcan en el proceso de consolidación del sector. A este respecto, la vicepresidenta económica ha hecho alusión a la experiencia tanto de Caixabank como de Bankia a la hora de llevar a cabo operaciones de este tipo y negociarlas con los representantes de los trabajadores.
No obstante, Calviño también ha instado al sector bancario en general a “reflexionar para proteger el capital humano de la forma más constructiva posible” en esta clase de maniobras.
Fusiones transfronterizas
La vicepresidenta ha insistido en que la fusión por absorción por parte de Caixabank ha sido la mejor alternativa para Bankia que ha resultado de un proceso de análisis llevado a cabo por el FROB junto a sus asesores y también a expertos independientes.
Se plantearon escenarios como otro tipo de operación, en la que Bankia asumiera el control de un banco de menor tamaño, o incluso una fusión transfronteriza, como preconizan desde el Banco Central Europeo. “Éste sería un proceso más lento porque aún existen muchas lagunas en el proceso de unión bancaria europea”.