Grupo Celsa, la mayor siderúrgica de España, se ha sumado al conjunto de empresas que ya han solicitado formalmente la ayuda del fondo de rescate que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras una solicitud previa de información, la compañía comenzó los trámites para la solicitud de la ayuda a mediados del pasado mes de noviembre, según confirman fuentes empresariales. A partir de entonces, la SEPI ha puesto en marcha el proceso de análisis de la petición de la compañía y de su situación para tomar una decisión definitiva, lo que podría prolongarse durante aproximadamente dos meses.

Empresas en apuros

La cuantía de la solicitud estaría en el entorno de los 350 millones de euros, según informa Vozpópuli, medio que ha adelantado la noticia, aunque no existe por el momento confirmación oficial acerca de la cuantía.

El mecanismo se incluye en el paquete de medidas de apoyo a las empresas puesto en marcha por el Gobierno para paliar los efectos económicos del coronavirus. Al mecanismo ya han recurrido, entre otros, el grupo Globalia y Duro Felguera.

Moratoria en los tribunales

Antes de acudir al rescate de la SEPI, Grupo Celsa ya consiguió antes del verano el respaldo de un juzgado de Madrid, que le concedió una moratoria para atender sus obligaciones de pago de la deuda asociada a un préstamo sindicado de 900 millones de euros, que obtuvo en 2017, debido a las circunstancias adversas de la crisis del Covid-19, que el juez consideró como causa de fuerza mayor.

Celsa acreditó entonces ante el tribunal las caídas que había registrado en sus principales magnitudes, especialmente la facturación y el Ebitda en un escaso periodo de tiempo y el magistrado acordó establecer la moratoria hasta el inicio del segundo trimestre 2021. El juez estima que la situación de Celsa se debe a causas de fuerza mayor, que en ningún caso existían en el momento de la firma del préstamo, y que ha generado tensiones de caja que hacen inviable el pago de las deudas.

Rescate en Reino Unido

En paralelo, Celsa alcanzó un acuerdo con el Gobierno británico para la obtención de un préstamo de unos 30 millones de euros que garantiza a la empresa poder continuar con las operaciones en su planta de Reino Unido.

No obstante, la compañía continúa negociando con sus principales acreedores la reestructuración de su deuda, operación para la que podría resultar clave la ayuda pública solicitada.