Pimec ha reunido este viernes a representantes de los principales sectores afectados por las restricciones contra el coronavirus en Cataluña. La patronal ha reclamado un rescate tanto para las pymes como para los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios o bien han reducido su actividad por la pandemia. Asimismo, se ha solicitado un informe jurídico para valorar la posible responsabilidad patrimonial de la Administración en las medidas tomadas y reclamar indemnizaciones.
El documento lo ha presentado el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona y director del Centro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas, Joan Manuel Trayter. “Si la Administración causa un daño a un particular, una empresa o un sector, se tendrá que indemnizar si demuestra que es lesivo para su patrimonio”, ha sostenido.
Acudir a la vía jurídica
Trayter ha argumentado que esta vía jurídica está recogida en la ley española. Los requisitos, ha explicado, son que haya un daño, como el cierre de un negocio, que sea evaluable económicamente y de forma individualizada. El objetivo de Pimec con esta medida es tratar de evitar quiebras por la falta de ingresos en pequeñas y medianas empresas, que han recibido escaso apoyo económico por parte de la Administración. El último ejemplo tuvo lugar esta semana con el caos de la web de la Generalitat para conceder ayudas a los autónomos.
“Está claro que todas las normas y resoluciones actuales están causando daños en el patrimonio, pero los tribunales argumentarán que esta responsabilidad se rompe por la existencia de una fuerza mayor”. Por el contrario, el catedrático sostiene que ese impacto económico “no se ha producido por la pandemia, sino por la gestión que se ha hecho de la pandemia”.
Negocios afectados
En el acto de este viernes han estado presentes el presidente de Pimec, Josep González, y su secretario general, Antoni Cañete, así como representantes de los principales sectores económicos afectados por la paralización de la actividad. Entre ellos la restauración, que lleva cerrada desde mitad de octubre y seguirá así hasta el próximo 23 de noviembre.
Pese a la propuesta para tratar de obtener ingresos mediante la vía judicial, Trayter ha dejado claro que la medida no pretende originar una "avalancha de demandas", ni "tampoco que al 100% se ganarán los recursos, pero que esta vía es factible y abierta a todos los que están sufriendo daños".