El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exige a la Generalitat que justifique con datos contrastables por qué es necesario prorrogar el cierre de la restauración, la hostelería y las salas de juego en toda la autonomía para atajar la pandemia. El Gobierno catalán dispone de tiempo hasta mañana para remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo los documentos pertinentes que sustentan unas medidas que impactan de lleno a la actividad económica autonómica.
La buena noticia para el Ejecutivo liderado de forma provisional por Pere Aragonès es que el alto tribunal rechaza una suspensión cautelar de estas restricciones. Desestima las cautelarísimas que solicitó Fecasarm, la patronal del ocio nocturno, en un auto publicado por Efe.
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Frenar el avance de la pandemia
Es la segunda ocasión en la que los magistrados declinan tomar una decisión que implicaría que la actividad económica regresase a la normalidad. Se trata de un reconocimiento velado a que es necesario algún tipo de medidas para frenar el avance del Covid-19 en el territorio en plena segunda oleada. Con todo, Salud deberá justificar sus movimientos.
Con los datos sanitarios en la mano, las restricciones a la movilidad y la limitación de la actividad social decretada por el Govern han dado sus frutos. La velocidad de transmisión y la denominada Rt, que mide cuántos contagios se dan por cada positivo, se mantiene a la baja en las últimas jornadas. En contrapartida, crecen el número de infectados y de ingresos en los hospitales. Es precisamente la presión en los centros sanitarios la que obliga, según el relato oficial, a tomar medidas restrictas para evitar el colapso que se dio durante la primera oleada.
Decisión al margen del estado de alarma
Bares, restaurantes, casinos y salas de juego, entre otras actividades, permanecerán cerrados hasta nueva orden. El TSJC señala que, por su parte, seguirán así hasta que se resuelva el denominado fondo del asunto de las demandas que analiza. La de Fecasarm y las de otras patronales que van en el mismo sentido, exigir que se recupere la actividad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha declarado competente para la instrucción de este caso y declina que se analice en el Tribunal Supremo. Cabe tener en cuenta que el cerrojazo a los sectores económicos de la Generalitat se decidió en aplicación de la Ley de Salud Pública de Cataluña, no se remite al real decreto que activa el segundo estado de alarma.
Reapertura de centros de estética
Fecasarm alega en sus recursos que el cierre es una medida "arbitraria, ineficaz, desproporcionada, engañosa e innecesaria" y acusa a la Generalitat de poner en riesgo miles de puestos de empleo. El TSJC dispone de meses para resolver el contencioso. Por ahora, el Gobierno catalán ha decidido prolongar las restricciones otros 10 días para consolidar el freno a la segunda oleada. Solo permite que retomen su actividad los centros de estética, y siempre con cita previa de los clientes.
Por ahora, prosigue la urgencia sanitaria.