Los presupuestos acorralan a 7,5 millones de partícipes de los planes de pensiones

La modificación que introduce el anteproyecto de ley sobre las cuentas públicas para 2021 consiste en reducir de forma drástica la cantidad aportada al plan que el partícipe podrá desgravarse del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El límite pasará de los 8.000 euros actuales a sólo 2.000.

Adiós a su gran atractivo

Un cambio que altera por completo la fisonomía de un producto que tradicionalmente tiene un papel muy destacado en la oferta de las entidades financieras a partir de estas fechas, en la recta final del año. Y esta circunstancia también tiene que ver con su atractiva fiscalidad. Precisamente al borde del cierre del ejercicio es el momento ideal para saber si compensa contratar un producto que, por ahora, permite la exención fiscal de una parte importante de la renta por trabajo.

Desprovisto de este indudable atractivo, el plan de pensiones pierde muy buena parte de su sentido, dado que la rentabilidad que suelen ofrecer no es, precisamente, su cara más amable. Aunque hay variedad, el perfil del producto suele ser conservador.

Privilegiar los planes de empresas

El Gobierno calcula que la medida supondrá un ahorro de unos 600 millones de euros anuales. Aunque, por encima de la cuantía económica (más bien magra, si se tiene en cuenta el número de personas a las que afecta) aparece la intención del Ejecutivo de privilegiar los planes de empresas frente a los individuales, en relación con el marco de la reforma de las pensiones públicas que está preparando.

La prueba más evidente es que el mismo anteproyecto de ley de presupuestos incluye para los planes de empresa una medida completamente opuesta, es decir, incrementa el límite de desgravación hasta los 10.000 euros, desde los 8.000 actuales.

Autónomos sin alternativa

La industria de la inversión colectiva, a través de su patronal Inverco, ha puesto el grito en el cielo por la medida, que considera discriminatoria para una amplia mayoría de trabajadores debido a la estructura sociolaboral del país. España es uno de los estados miembros de la Unión Europea con un mayor número de trabajadores autónomos, algo más de 3,3 millones. Además, el 99% del tejido empresarial español está compuesto por pymes, muchas de las cuales cuenta con menos de cinco trabajadores.

Todos estos colectivos no tienen otra alternativa para complementar su pensión pública que los planes de ahorro individuales que el anteproyecto de ley de presupuestos condena prácticamente al ostracismo.

Una débil cultura del ahorro

España no puede presumir precisamente de ser uno de los países europeos en los que los trabajadores ahorren más con vistas a su jubilación. La industria entiende que con esta medida se desincentiva aún más esta práctica. Y además, deja a los trabajadores sin la posibilidad de aprovechar etapas de bonanza laboral para realizar notables aportaciones a sus planes en previsión de que en épocas de crisis como la actual, con un creciente desempleo, no puedan hacerlo.

Por su parte, la doctrina de la Comisión Europea en este sentido considera básico complementar tres pilares en materia de pensiones: el sistema obligatorio, el colectivo y el individual. Las entidades financieras, principales comercializadoras de estos productos (tanto los individuales como los colectivos), consideran que si finalmente los Presupuestos recogen esta medida el impacto en los planes individuales será notable y no precisamente beneficioso.

La banca, resignada

“No creo que vayan a desaparecer pero, desde luego, se van a reducir”, ha apuntado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, una de las entidades líderes en este ámbito. Además, también ha indicado que el Gobierno no ha tenido en cuenta el escenario más adecuado para reforzar, como parece que pretende, el segundo pilar, es decir, el de los planes de empresas.

Por su parte, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, entiende que la intención del Ejecutivo es fomentar el ahorro personal, como complemento de las pensiones públicas, pero estima que “no tiene mucho sentido discriminar los planes individuales desde el punto de vista fiscal; al contrario, lo ideal sería que la gente eligiera si quiere un plan individual o de empresa como complemento”.