Cuatro de los 13 lotes de servicios de seguridad ofertados en 42 aeropuertos de Aena, cuyo plazo para la presentación de candidaturas expiró el pasado 10 de octubre, han quedado desiertos. Entre ellos, el de inspección de pasajeros en el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, el mayor de todos.

Mientras el gestor aeroportuario lo justifica por “la situación actual”, haciendo referencia a la pandemia, el sindicato Alternativasindical denuncia que la apuesta de la compañía por reducir costes en seguridad "está pasando factura". Esto, en su opinión, da como resultado que algunos de los grandes contratos de servicios se hayan adjudicado "a empresas que hace años habrían tenido escasas opciones de éxito" y a que los grandes contratistas "den la espalda a Aena".

Un importe global de 458 millones

Aena adelanta que estos lotes se volverán a licitar haciendo los ajustes necesarios para adaptarse al mercado. Fuentes de la compañía han asegurado a Europa Press que el proceso de evaluación técnico es "muy riguroso" y que el corte técnico "es muy estricto", por lo que solo lo superan las empresas que "garantizan la calidad del servicio". Por ello, solo las candidaturas que superan la evaluación pasan al corte económico.

Aena sacó a concurso el pasado 23 de septiembre los contratos de seguridad en aeropuertos, divididos en dos lotes, por un importe total de más de 458 millones de euros. Los lotes están repartidos entre los aeropuertos de más de 400.000 pasajeros anuales y los que están por debajo de ese umbral. El primero de ellos, que afecta a 22 aeropuertos, se separa en 12 lotes de adjudicación diferentes y tiene un importe estimado de 438.484.335,96 euros. Por otra parte, los contratos para los servicios de seguridad en los 20 aeropuertos de menos de 400.000 pasajeros tienen un importe de 19.872.211,23 euros.

UGT ya lo denunció

Antes de que Aena sacara a concurso estos lotes de servicios de seguridad, UGT protestó porque, en su opinión, el precio era el único factor determinante para esta adjudicación y que “ponía en riesgo la calidad del servicio y los puestos de trabajo de quienes están encargados de la seguridad y los servicios auxiliares en los principales aeropuertos españoles”.

El sindicato denunció entonces que la compañía estaba apostando por “un modelo de contratación que precarizará las condiciones en las que se presta el servicio, pese a que lo que está en juego, es la seguridad de pasajeros y usuarios”.