La polémica propuesta para la reforma del Poder Judicial presentada esta semana por PSOE y Unidas Podemos, los partidos que conforman la coalición de Gobierno, ha incendiado de tal forma el panorama político del país que la negra humareda ha llegado hasta Bruselas. No han sido pocos los que han visto en esta maniobra un peligro para la llegada de los tan ansiados fondos europeos. En verdad, no corre tanto peligro el dinero pero sí el calendario para su llegada. Un aspecto muy delicado para el proceso de recuperación de la economía española.

Desde el primer momento posterior al histórico acuerdo del Consejo europeo del pasado julio, que alumbraba la partida extra en el Presupuesto plurianual comunitario de 750.000 millones de euros para que los miembros de la Unión Europea pudieran paliar los efectos de la crisis del coronavirus, se dejó bien claro por parte de las autoridades europeas que las ayudas tendrían un carácter condicional y que, además, cualquier país podría denunciar ante el Consejo un posible incumplimiento de otro miembro en cuanto a sus compromisos.

Programa de reformas

En principio, la principal condición consiste en la presentación de una programa de reformas y proyectos por parte de cada estado miembro en el que se detalle cuál será el destino de los fondos a recibir. A partir de ahí, tanto la Comisión Europea como el Consejo deben hacer una evaluación y dar su correspondiente visto bueno.

Siempre que los programas estén alineados con los objetivos prioritarios de la Unión, recogidos en el denominado “Semestre europeo” y con las recomendaciones de la Comisión para cada país, la llegada del dinero estaría asegurada. Al menos, en lo que a la parte puramente financiera se refiere.

Estado de Derecho

Pero hay algo más. En su resolución histórica, el Consejo incluyó una condición relacionada con el “Estado de Derecho”. Así, el organismo señaló en el apartado de condiciones que “el Consejo Europeo destaca la importancia de respetar el estado de Derecho. Habida cuenta de lo anterior, se establecerá un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto y ‘Next Generation EU’”.

La cuestión podría parecer, en principio, baladí. Sin embargo, ha provocado ya los primeros bloqueos en la tramitación de los fondos. A comienzos de semana, el diario El País alertaba de la situación provocada por Polonia y su reforma de la administración de Justicia, que había despertado el recelo de buena parte del resto de estados miembro, al entender que las modificaciones afectaban de forma negativa a la independencia de los jueces.

Polonia denuncia agravio

Expertos en la UE aseguran que cada cuestión de este tipo ha de ser minuciosamente analizada y que requiere respuestas en las sucesivas reuniones del Consejo europeo. No suelen finalizar de forma dramática, los países miembros terminan por avenirse a adoptar medidas para no ir en contra de los principios de la Unión, so pena de ser duramente sancionados. Pero, entre tanto, el tiempo discurre, los ya de por sí interminables trámites se eternizan. Y, en este caso, las urgencias son más que evidentes.

En el caso de España, ha sido precisamente Polonia la primera en poner el grito en el cielo por considerar que si la Comisión Europea no examina la propuesta de reforma del Poder Judicial con el mismo celo que ha hecho con la suya estará cometiendo un agravio comparativo. El ruido no ha tardado en llegar al Gobierno comunitario, que ya ha procedido a dar un toque de atención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisamente aprovechando la reunión que el Consejo ha celebrado estos días.

Dinero bloqueado

“Los fondos que le corresponden a España no corren peligro porque al Gobierno no le quedará más remedio que seguir las directrices comunitarias”, apunta una fuente del Parlamento Europeo. “Pero los problemas van a llegar si algunos estados miembros denuncian ante el Consejo maniobras como la de la reforma judicial. En este caso, el Gobierno se verá obligado a dar explicaciones, argumentos y, en último caso, a realizar cambios y que el Consejo vuelve a asegurarse de que todo está en orden”.

Mientras esos trámites se llevan a cabo, el dinero estará bloqueado. Y España es uno de los países que lo necesitan con mayor urgencia. No en vano, es una de las economías más golpeadas por el coronavirus y la que sufrirá un impacto mayor entre las desarrolladas en 2020, de acuerdo con las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La partida de fondos a recibir es de más de 140.000 millones de euros, la segunda más voluminosa detrás de la de Italia.

De acelerar los fondos al rapapolvo

“Con estas circunstancias, si el dinero llega tarde es como si no llegara porque la situación se agravará por momentos”, apuntan las citadas fuentes. El Gobierno ha asegurado que trabaja para procurar que los fondos comiencen a llegar antes del próximo verano. Precisamente, uno de los objetivos que Sánchez llevaba al Consejo de esta semana era tratar de acelerar este proceso. Pero ha regresado con un rapapolvo de la Comisión y noticias que hablan de que los bloqueos podrían retrasar las ayudas hasta bien entrado el segundo semestre de 2021.

Voces autorizadas del ámbito comunitario también apuntan que los países que fueron más reacios a aprobar el fondo de recuperación, los conocidos como “frugales”, fueron los que más insistieron en la inclusión de los factores de condicionalidad en el acuerdo final del Consejo. Por lo tanto, también serán los primeros en estar muy pendientes de la actuación de cada miembro y de activar si capacidad de paralizar el proceso si detectan algún elemento discordante.

Presupuestos condicionados

Por lo pronto, los Presupuestos Generales del Estado en los que trabaja el Gobierno a contrarreloj para tratar de aprobarlos antes de que acabe el presente mes ya incluyen una partida de 27.000 millones de euros correspondientes a los fondos europeos que espera para 2021. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas este jueves así lo contempla. En el caso de que la cantidad sea menor o su llegada sufra retrasos, las cuentas serán mucho más difíciles de cuadrar.

Por su parte, los jueces se están pronunciando mayoritariamente en contra de la reforma y, en las últimas horas, Sánchez parece dispuesto a dar marcha atrás y volver a tratar de negociar con el Partido Popular. Las maniobras en este sentido no van a hacer que los fondos no lleguen; pero los tiempos pueden provocar que lleguen demasiado tarde.