La patronal Fecasarm ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cerrojazo a la restauración en toda la región durante 15 días. La organización empresarial argumenta en su escrito que la clausura por orden gubernativa es "desproporcionada", además de "arbitraria, ineficaz y discriminatoria", por cuanto, cree, no contribuirá a doblegar la curva de contagios de coronavirus.

En una nota, la organización empresarial que comanda Joaquim Boadas subraya que la Generalitat de Cataluña ha actuado de "mala fe" con esta medida antipandémica. ¿Por qué? "Porque ha procedido a la publicación de la resolución como viene haciendo habitualmente a las puertas del fin de semana, previendo la entrada en vigor el mismo día". Según el recurrente, el Gobierno catalán busca así "reducir las posibilidades de defensa de los empresarios afectados". Sea o no este el caso, Fecasarm alerta de que el cierre en viernes les deja "sin capacidad de previsión" para el sábado y el domingo.

Suspensión cautelar

Hay más. El ente empresarial exige la suspensión cautelar del cierre de actividades de restauración por concurre la "elusión de una resolución judicial previa". La patronal despliega más argumentos. Cita la "falta de proporcionalidad de las medidas, arbitrariedad, ineficacia y trato discriminatorio" con otros sectores productivos que conlleva, bajo su punto de vista, la resolución del Procicat.

Fecasarm advierte de que el cerrojazo contradice un fallo del propio TSJC de 31 de julio que protegía el horario de algunos locales de hostelería y juego.

"Hay alternativas"

En cuanto a la proporción, el recurrente descarta que el cierre gubernativo sea adecuado habida cuenta de que "cerrar totalmente antes de evitar la movilidad es desproporcionado". Cree la patronal que existen medidas previas menos lesivas para el derecho a la libertad de empresa, como los límite de aforo, por ejemplo.

De hecho, la restricción de capacidad es la medida que ha decretado el Govern para otros sectores económicos como el comercio (30%), gimnasios y equipamientos culturales tales como cines y teatros (50%).

El TSJC decidirá

El escrito ha recalado en la Sala Contenciosa del TSJC. Serán los magistrados de esta jurisdicción los que decidirán si cerrar cerca de 30.000 empresas de restauración en Cataluña es adecuado para frenar el rápido incremento de contagios en Cataluña.

Los tiempos, no obstante, se podrían dilatar. Los magistrados podrían decidir que quieren escuchar a todas las partes, lo que llevaría la resolución sobre la suspensión cautelar a la próxima semana. Sin embargo, cada día cuenta. Pimec ha alertado de que si el cierre de 15 días se confirma, generará una factura de 40.000 euros a cada negocio y un impacto total de 780 millones de euros en la economía catalana. El boquete en la fuerza laboral se calcula en el 6% del empleo, unos 70.000 trabajadores directos y un total de 207.000 indirectos.