La reducción del consumo de electricidad como consecuencia de la menor actividad económica a causa de la pandemia del coronavirus tendrá consecuencias negativas para las arcas públicas. El Estado dejará de ingresar en torno a 1.500 millones de euros provenientes de la carga fiscal que soporta el recibo de la luz.

Uno de los efectos más notables del estado de alarma que estuvo vigente en España durante cerca de tres meses fue la caída de la demanda de electricidad, que llegó a registrar cifras del 20% en algunos momentos (en especial, cuando tan sólo estaban autorizadas las actividades esenciales).

Alivio para el bolsillo

En lo que va de año, la demanda de electricidad acumula un descenso de algo más del 6% respecto al mismo periodo de 2019. Esta circunstancia ha repercutido de forma notable en el comportamiento del mercado mayorista, cuya significativa rebaja se ha trasladado a la factura.

Un alivio para los bolsillos de los ciudadanos pero, al mismo tiempo, un factor que merma los ingresos fiscales del Estado. El recibo de la luz está gravado con el tipo de IVA general, es decir, el 21%. España es uno de los países europeos con un mayor gravamen en este capítulo, tan sólo por debajo de Portugal (que aplica un 23%) y de algunos países nórdicos.

Impuesto a la generación

En los últimos años, España ha recaudado aproximadamente unos 9.000 millones de euros por este concepto. Hasta ahora, el recibo ha experimentado una bajada media aproximada del 15% en comparación con el año anterior, lo que determinará un notable mordisco a la recaudación.

Además, cabe tener en cuenta que en el recibo eléctrico también repercute el impuesto del 7% que pagan las compañías por la generación eléctrica que, igualmente, ha registrado un importante retroceso.

Subida de impuestos

La carga fiscal es uno de los factores que hace que España sea uno de los países de la Unión Europea con la factura eléctrica más cara, aunque no el único. En cada recibo de la luz, los consumidores también asumen costes como los extrapeninsulares, que financian el transporte a los territorios de Baleares y Canarias, los peajes de acceso y conexión y las primas a las plantas de energías renovables.

El Gobierno ha insinuado en repetidas ocasiones que aplicará subidas de impuestos con el objetivo de tratar de elevar la recaudación y poder sufragar parte del gasto extraordinario en el que ha tenido que incurrir para paliar los efectos de la crisis. La caída de la actividad económica provocará una merma general en los ingresos fiscales, no sólo en el capítulo energético, que deberá ser solventada por el Ejecutivo.