Los grandes ayuntamientos disparan un 17% la obra pública en plena crisis

En concreto, el conjunto de los ayuntamientos de las capitales de provincia han licitado obra pública entre enero y agosto por un total de 1.361 millones de euros, frente la cifra de 1.162 millones registrada el pasado ejercicio, de acuerdo con los datos facilitados por la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan.

Recortes 

La evolución contrasta de forma radical con la observada tanto en la Administración central como en la autonómica. En el caso de la primera, el descenso de la licitación pública hasta agosto ha sido algo superior al 63%.

Por su parte, el conjunto de las Comunidades Autónomas ha experimentado un recorte del 32,6% en este periodo, en el que tan sólo tres (Comunidad Valencia, Galicia y Baleares) han licitado más obra pública que en 2019.

Disciplina financiera

Para terminar de situar estas cifras, cabe señalar que el volumen de las licitaciones de los ayuntamientos ha sido un 21% superior al registrado en este mismo periodo por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y apenas 270 millones de euros inferior al del conjunto de la Administración Central.

La ambiciosa apuesta de los ayuntamientos por la obra pública en tiempos de crisis refleja la situación de sus finanzas frente a las del resto de administraciones. En los últimos años han sido las corporaciones municipales quienes han sido más ejemplares a la hora de administrar sus recursos, como prueba el hecho de que, en conjunto, acumulen un superávit próximo a los 16.000 millones de euros.

Derrota parlamentaria

Precisamente, esta partida fue protagonista de la actualidad hace unas semanas, cuando el Congreso de los Diputados tumbó con una mayoría absoluta de votos en contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno que la facultaba para disponer de este dinero a cambio de transferir a los Ayuntamientos un fondo de 5.000 millones de euros para destinar a atención a los mayores y a la dependencia, entre otras partidas.

Los planes de Moncloa quedaron varados en el Parlamento, con 193 votos en contra que hicieron que la norma no pudiera ser convalidada.

Compromisos

Aunque el Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros tras un acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), gracias al voto de calidad de su presidente, el alcalde Vigo Abel Caballero, buena parte de los ayuntamientos mostraron su discrepancia con la medida al entender que les correspondía a las corporaciones municipales disponer de ese dinero.

Algunos regidores municipales manifestaron tener muy decidido el destino del superávit. En la mayoría de los casos, esos planes pasaban por implementar en sus respectivos territorios mejoras relacionadas con las infraestructuras. Los alcaldes coincidieron en señalar por entonces que la mayoría de estas actuaciones estaban comprometidas con los ciudadanos y que no estaban por la labor de incumplir su palabra.