La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha dado un varapalo a Amazon. Insta al grupo estadounidense a cumplir con la Ley Postal española, pues entiende que la compañía realiza “labores postales” en el país.

“Amazon realiza a través de sus empresas --Amazon Spain Fulfillment SL y Amazon Road Transport Spain SL-- tiene la consideración de postal y debe quedar sujeta al cumplimiento de los requisitos que se establecen en la Ley Postal”, explica la CNMC en un comunicado.

De carácter postal

El supervisor español recalca que ha estudiado “de forma pormenorizada” las operaciones de Amazon. Concluye que, a pesar de que la compañía tenga como actividad “el comercio electrónico”, esto no “excluye que pueda realizar funciones que tengan consideración de carácter postal“.

Así, el súperregulador recalca que el trabajo que realiza Amazon encaja “en la normativa postal frente a otras opciones consideradas como las del sector transporte o logístico”.

Un mes para cumplir

La CNMC recuerda que la firma estadounidense posee diferentes acuerdos con operadores postales para complementar sus servicios de mensajería. Por ello, mantiene “una influencia y control intenso sobre éstos colaboradores" que "les distingue de otros comerciantes o distribuidores minoristas (que operan on y off-line)”. Deja claro que este grupo no se limita a subcontratar un servicio de paquetería y que esto le dota de una capacidad de dirección sobre la prestación del servicio similar a la de cualquier otro operador del sector. Es decir, está obligado a cumplir con la normativa. 

Amazon dispone de un mes desde la publicación de esta resolución para presentar la oportuna declaración responsable ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

La operativa no cambiará

La CNMC no prohíbe a Amazon que continúe con sus operaciones de reparto a través de su servicio Flex, pero lo deberá adaptar. Tendrá que pagar el canon por envío, cumplir con las leyes de protección de datos e identificar el emisor del paquete, entre otras obligaciones.

Con la nueva normativa, el grupo informará a sus clientes el precio aplicado a sus envíos. Esto ayudará a determinar si existe diferencias significativas con la competencia y empoderará al comprador para decidir si busca el producto o servicio en otra plataforma. Esto es lo que indica la normativa española.