La Airef prevé que sólo dos trabajadores sostendrán a cada pensionista en 2050

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que en 2050 cada pensión será sufragada únicamente por dos trabajadores, frente a los cinco que presenta la actual situación. El organismo calcula que para entonces el gasto del Estado en pensiones se elevará hasta el 14,2% del PIB, 3,3 puntos más que en 2019.

Pese a estas cifras, la presidenta de la autoridad, Cristina Herrero, considera que el sistema será sostenible siempre y cuando sigan ejecutándose las reformas paramétricas que se introdujeron en 2011 y cuya implementación está previsto que se complete en 2027.

Reformas para reducir costes

La autoridad estima que la población en edad de trabajar comenzará a disminuir a partir de 2035, lo que llevará la tasa de dependencia hasta el 53%. Por otro lado, las estimaciones del organismo también apuntan a que para mediados de siglo la tasa de paro podrá situarse en el entorno del 7% aunque, en este caso, se trata de predicciones más acordes con el consenso por parte de los expertos de que las cifras de desempleo tienden a converger hacia esos parámetros a largo plazo.

No obstante, estas cifras podrían optimizarse si se introdujeran una serie de reformas, entre ellas el retraso de la edad efectiva de jubilación hasta los 66 años (dos más que en la actualidad) y si se ampliara de 25 a 35 años la edad de cotización. Con estas medidas propuestas por la autoridad fiscal, el gasto en pensiones en 2050 sería equivalente al 12,8% del PIB.

Déficit de la Seguridad Social

Durante la presentación de la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo, Herrero ha destacado que la Seguridad Social presenta un déficit estructural originado por la crisis de 2007, que se mantendrá entre un 1,3% o un 1,5% del PIB en el caso de que no se introduzcan modificaciones estructurales.

Para corregirlo, el organismo propone reducir la cotización por desempleo en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que el Estado financie los gastos no contributivos de la Seguridad Social.