El Ministerio de Trabajo propone prorrogar de forma automática los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre de este año y limitar los de fuerza mayor a empresas de una serie de actividades económicas especialmente afectadas y a negocios que dependan de estas, al tiempo que se mantendrá la prohibición de despedir tras los ERTE hasta final de año.

Así figura en el borrador presentado por el ministerio de Yolanda Díaz a los agentes sociales, en el que se recogen las propuestas del Gobierno para la prórroga y las prestaciones relativas a los ERTE, paraguas bajo el que se encuentran en torno a 700.000 trabajadores.

Hasta 2021

En concreto, establece que permanecerá vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo en el que el Ejecutivo fijó que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".

Como consecuencia, quedaron vetados los despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajo debidos al Covid-19, pasando a considerarse despidos improcedentes, cuya indemnización alcanza los 33 días por año, o nulos.

Contratos temporales

A su vez, el borrador  también extiende hasta que acabe el año la interrupción del cómputo de los contratos temporales, tanto de la duración de los mismos, como de los periodos de referencia equivalentes al tiempo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales afectadas por el coronavirus. 

También amplía el derecho de adaptación y/o reducción de la jornada para el cuidado de menores, aparejado a reducción salarial, el bautizado como Plan Me Cuida.

Protección "diferencial"

El planteamiento de Trabajo es un modelo de protección "diferencial", no sectorial, que pasa por mantener los llamados ERTE de rebrote para todos los sectores y empresas afectados por un rebrote, en paralelo un incremento de la protección para los que más tiempo lleven en ERTE por la pandemia, como aquellos que lleven más de seis meses.