El compromiso adquirido por los sucesivos gobiernos de salir del capital de Bankia tras el proceso de nacionalización llevado a cabo en 2012 se encuentra actualmente por completo en el aire. Si finalmente prospera la fusión con Caixabank que ambas entidades están negociando, el escenario varía de forma sustancial respecto del original, tanto que no estaría nada claro si finalmente se produciría esa venta.

Por lo pronto, cabe descartar que sea a corto plazo. La última fecha límite aprobada por el Ejecutivo para articular la salida del Estado del capital de Bankia fue la de diciembre de 2021. Para entonces, todo apunta a que Bankia ya no existirá como tal y que la participación pública estará integrada en la entidad resultante de la fusión con Caixabank.

Sin margen temporal

Según los cálculos realizados con la referencia del canje que actualmente marcan las cotizaciones bursátiles de ambos bancos, la participación pública en la nueva compañía será de entre un 14% y un 15%. Por delante, como primer socio, quedará la Fundación Bancaria La Caixa, con un 30% aproximadamente.

Si se tiene en cuenta que los remates de la operación llegarán en el primer trimestre de 2021, siempre y cuando no haya obstáculos inesperados, será muy complicado que el Gobierno articule la venta de la participación pública, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), antes de que venza al plazo actual, por lo que supondría para el nuevo banco que su segundo socio abandonara el capital a los pocos meses de constituirse.

Cambio de escenario

Precisamente, este es uno de los elementos que harán más difícil la enajenación de la participación pública que heredará la entidad resultante de la fusión. El Estado posee algo más del 61% de Bankia; es decir, es el accionista mayoritario y, de este modo, por el que pasan y del de que dependen todas las decisiones.

Pero en el nuevo escenario, la situación será diferente, habrá un socio con una participación superior y que podría resultar penalizado por las decisiones de desinversión que tomara el Gobierno respecto del paquete de acciones que pasará a controlar en el nuevo banco.

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Compromiso prorrogado

El proceso de nacionalización de Bankia, realizado mediante una inyección de dinero público superior a los 24.000 millones de euros, llevaba consigo el compromiso de que el Estado abandonaría el capital en un plazo de cinco años, que se entendía suficiente para sanear la entidad, devolverla a la rentabilidad y que creciera para que la venta de la participación compensara la ayuda pública.

De este modo, el primer plazo establecido fue el fin de 2017, prorrogado posteriormente en dos ocasiones y por un periodo de dos años en ambas. A poco más de 15 meses para que venza la última fecha límite, el Estado apenas ha vendido un 15% del capital (en dos operaciones llevadas a cabo en 2014 y 2017) por las que ha obtenido poco más de 2.000 millones de euros. En total, las ayudas recuperadas superan los 3.000 millones gracias a los dividendos que ha pagado Bankia de forma recurrente una vez que retomó la senda de la rentabilidad.

De pública a privada

A precios actuales, la participación pública en Bankia a través del FROB está valorada en poco más de 2.400 millones de euros. Una cifra que no estará muy lejana de lo que vaya a obtener como producto de la fusión por absorción por parte de Caixabank, en forma de acciones de esta. De esta forma, una salida a corto plazo del capital tampoco permitiría a las arcas públicas recuperar más que una cuarta parte de la inyección ejecutada en 2012.

Si la privatización completa de Bankia ha sido hasta la fecha una operación de nunca acabar, la salida del Estado del capital de la nueva entidad resultante de la fusión con Caixabank puede convertirse en una historia interminable. El planteamiento se basa en que ya no se trata en esencia del banco rescatado con dinero púbico, sino del producto de una operación corporativa con una entidad completamente privada.

Condiciones negativas

Hasta ahora, el argumento para no proceder a la venta de la participación ha sido el de las condiciones de mercado. El entorno continuado de tipos históricamente bajos en la eurozona ha hecho mella en el rendimiento de las entidades y, por ende, en su capitalización bursátil. La cotización en zona de mínimos frenó las colocaciones previstas para articular la marcha de Bankia por parte del Estado que haría cumplir el compromiso adquirido en 2012.

Tras la fusión, en el caso de que prosperen las negociaciones, se sumarán nuevos argumentos como el cambio de escenario, el papel diferente del FROB como socio minoritario en la nueva entidad… pero además seguirá vigente el que ha retrasado de forma permanente la venta de la participación: las condiciones de mercado no son las idóneas.