Giro en el caso Iberdrola. La declaración del antiguo controller de la energética y principal testigo de la Fiscalía en la instrucción, José Antonio Del Olmo, abre interrogantes sobre los motivos que le llevaron a elaborar un informe sobre supuestos pagos irregulares de la cotizada a la empresa proveedora Castellana de Seguridad (Casesa) y a depositarlo en una notaría donde ha permanecido oculto durante los últimos 15 años.
La animadversión que tanto Del Olmo como el antiguo jefe de seguridad de la cotizada, Marcos Peña, tienen hacia el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, estaría detrás de la confección y ocultación de dicho documento. Así lo ha indicado el propio controller en su declaración ante el Ministerio Público. En ella, ha reconocido que confeccionó el documento y lo llevó a la notaria de Luis Ramallo a instancias del ex director de seguridad de Iberdrola, Marcos Peña, y la mano derecha de este, Ángel Zarabozo.
“Él [Marcos Peña] me aconsejó que lo mejor que podía hacer es escribir esa nota anterior y dejarlo con este documento y las facturas de Casesa, que venían a continuación, en una notaría de Madrid”, explica Del Olmo en una declaración a la que ha tenido acceso este medio. Añade que “él [Ángel Zarabozo] con Marcos Peña me acompañaron al notario Luis Ramallo, en la calle Claudio Coello, al final de todo, abajo, cerca de la plaza Colón y dejamos el sobre lacrado con estos documentos”.
Perjudicar a Sánchez Galán
Durante el interrogatorio, el fiscal le pregunta respecto a las personas que “podrían estar en posesión del documento y quién se lo hubiera podido facilitar al medio” que lo sacó a la luz (El Confidencial). La respuesta de Del Olmo es clara: “Yo el primero, [José Luis] San Pedro, el segundo, y los dos señores que han firmado conmigo el documento [Peña y Zarabozo] y no se me ocurre nadie más”.
Luis Ramallo, Marcos Peña, Ignacio Sánchez Galán y el comisario Villarejo / CG
“Fiscal: ¿Tiene sospechas de que lo pudieran haber hecho alguno de ellos?
Del Olmo: Sí.
Fiscal: ¿Cuál de ellos?
Del Olmo: El Sr. Marcos Peña.
Fiscal: ¿Por qué motivo sospecha que Peña pudiera haberlo dado a los medios de comunicación?
Del Olmo: Le odia mucho a Galán [Ignacio Sánchez Galán]. No lo sé, es solo una sospecha.
Fiscal: ¿En qué la puede objetivar, esa sospecha…?
Del Olmo: En que tenía muchas ganas y estaba continuamente… recuerdo que cuando estaba trabajando conmigo, estaba continuamente buscando información por esos años para ver si involucraba a Galán en alguna cosa sucia”.
El Ministerio Público va un paso más allá y le inquiere de forma directa en si tenía “algún tipo de interés en perjudicar al señor Sánchez Galán o algún tipo de conflicto no resuelto con él y que vea ahora una ocasión de atacarle con razón del procedimiento”. La respuesta es definitiva: “No. Yo no tengo nada contra él, pero me gustaría que lo pagase […] Con la información que tengo y con la gente que conozco de Iberdrola, pues no cae bien a nadie. No es una persona que le tenga simpatía”.
El estallido del caso Villarejo resultó ser la oportunidad que habían estado esperando Peña, Del Olmo y Zarabozo para saldar cuentas con Galán.
Marcos Peña, ante el fiscal
La animadversión personal hacia el actual presidente de Iberdrola también se pone de manifiesto en el interrogatorio de Fiscalía a Marcos Peña. En su declaración, explica que cuando llegó Galán a Iberdrola él era director general de seguridad de la energética y que fue la primera persona con quien se reunió porque “valoraba mucho su trabajo”.
Detalla que le encargó potenciar el departamento de seguridad con una persona que todavía estaba en Airtel, la empresa de la que provenía, Antonio Asenjo. De hecho, según su relato, el ejecutivo reconoció que el salario que percibía en ese momento era bajo y se lo subió. La relación era muy buena e incluso le llamaba “los fines de semana, yo iba a su casa…”. Mantuvo que los “roces” con el presidente llegaron con el aterrizaje del gestor que le había recomendado en la energética.
Cambios en el departamento de seguridad
Según Peña, estos choques concluyen con la decisión de Galán de apartarle de la línea ejecutiva de seguridad para entregársela a Asenjo. Con todo, gracias a la buena relación que mantenía con el presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, pudo conservar parte del departamento con responsabilidad sobre la seguridad de presidencia, del consejo de administración y de las centrales nucleares.
El directivo defenestrado encontró la oportunidad de revancha cuando su íntimo amigo José Antonio del Olmo, al que en la declaración llama “Pepito”, le explicó que Asenjo le comentó que las facturas abonadas a Casesa en realidad se habían destinado a realizar otro tipo de pagos con el conocimiento de Galán.
Redacción del informe
Fue entonces cuando Del Olmo redactó un informe datado el 1 de diciembre de 2004 y, siempre según la versión de Peña, se lo “enseñó” (que no entregó) al directivo responsable de toda el área de administración de Iberdrola, José Luis San Pedro.
Ante la nula respuesta de éste, Del Olmo, Peña y Zarabozo redactaron una nota y junto al informe y las facturas de Casesa las depositaron en un sobre lacrado en la notaria de Luis Ramallo el 20 de diciembre de 2004. Ninguno de los tres directivos se planteó utilizar los canales de compliance que tenía dispuestos Iberdrola para denunciar situaciones como esta a lo largo de todo el procedimiento.
Quién filtró el documento
Quince años más tarde, con el estallido del caso Villarejo, el documento que estaba bajo custodia notarial se filtró y apareció publicado con el objetivo de relacionar a Galán con los encargos realizados a grupo Cenyt. Según Del Olmo, la filtración fue realizada por Peña, que de esa forma consumaba su venganza.
La apertura oficial de ese sobre se produjo por orden judicial el pasado 21 de enero de 2020. Para dar el paso de forma voluntaria se requería la firma de los tres firmantes: Del Olmo, Peña y Zarabozo. Otro hecho que demuestra, según fuentes jurídicas, el grado de coordinación de los tres exempleados de Iberdrola para que el presidente “pagara”. Se plantea como una venganza por haberles truncado su carrera dentro de la eléctrica.
Trayectoria del jefe de seguridad
La designación de Galán como presidente ejecutivo de Iberdrola en 2006 puso fin a la etapa de Marcos Peña en la eléctrica. Desde ese momento, el responsable de seguridad entró a formar parte del universo del expresidente del Partido Popular (PP) en Madrid y exconsejero de presidencia, Francisco Granados, imputado en la Operación Púnica y relacionado con la trama Gúrtel.
En junio de 2008, entró en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como asesor de seguridad. Encabezaba una red de expolicías y ex guardias civiles dirigida desde el Ejecutivo regional que se dedicaba a espiar a cargos del PP como Cristina Cifuentes. Por otro lado, Marcos Peña es familiar directo del padre de Donato González, el máximo responsable de Société Générale en España y banquero de cabecera de Florentino Pérez. De hecho, fue el responsable de seguridad quien le introdujo por primera vez en el mundo de la banca a través de Banesto.
El polémico notario Ramallo
Por su parte, el exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, incumplió el Reglamento Notarial para favorecer a su íntimo amigo Marcos Peña, según las mismas fuentes jurídicas. Detallan que cuando Peña, Ángel Zarabozo y José Antonio del Olmo acudieron el 20 de diciembre de 2004 a su notaria para depositar un sobre con documentos que presuntamente podrían haber constituido un delito de cohecho debería haber obrado de otra forma. Los mismos interlocutores recuerdan que el código deontológico exige al notario conocer los documentos que se depositan para garantizar que su contenido no oculta ningún delito.
El exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV Luis Ramallo / EFE
El pasado de Ramallo es controvertido. Protagonizó uno de los escándalos más sonados del 2001 cuando ejercía de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se vio mezclado en el escándalo Gescartera. Recibió un reloj valorado en dos millones de pesetas de Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores y protagonista en Bolsa de una estafa piramidal de 1.000 millones de pesetas. Entonces, se justificó al asegurar que él sí había pagado por la joya y que la compra se había vehiculado a través del empresario porque le hacían descuentos en la joyería Suárez. “Luego no quiso cobrármelos, y yo quise compensarle con un cuadro", admitió en sede judicial.
Este escándalo le costó la suspensión de militancia del PP en junio de 2002 hasta julio de 2003, cuando el Comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por Federico Trillo, acordó levantar la medida.
También fue condenado por el Tribunal Supremo en 2017 por un arbitraje “temerario” que careció de “buen juicio”. Formaba parte del equipo de mediación en el conflicto que mantenían las empresas Puma y Estudio 2000. Según quedó probado, los dos mediadores dictaron su laudo sin tener en cuenta el parecer de un tercer árbitro, el designado por Puma. Ramallo tuvo que indemnizar a la empresa deportiva con 750.000 euros por este motivo.