Los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, fundador y ex consejero delegado de la constructora Emte --hoy, Comsa Emte--, respectivamente, han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional en el que solicitan que se archiven las actuaciones iniciadas contra ellos en el marco de la macrocausa por corrupción contra la familia Pujol, cuya instrucción se cerró el pasado 16 de julio tras ocho años de investigación.

En el escrito registrado este jueves y al que ha tenido acceso Crónica Global, el penalista Diego Artacho Martín-Lagos refuta a lo largo de 55 páginas uno por uno los argumentos en los que el juez José de la Mata basa la imputación de los Sumarroca por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental.

Sin participación directa

Los Sumarroca se desmarcan en todo momento de cualquier relación ilícita con Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat, con el que la empresa Emte realizó diversas operaciones.

El recurso justifica su petición al juez con documentación que demostraría que Sumarroca Coixet no tuvo participación en ninguna de las cinco actuaciones investigadas por la Audiencia Nacional, mientras que su hijo Sumarroca Claverol tampoco intervino en tres de ellas.

Derecho penal de autor

Los Sumarroca consideran que su imputación se basa en “una suerte de derecho penal de autor en el que la imputación de una persona no viene dada por los supuestos indicios que revelan su participación en unos hechos presuntamente delictivos sino que su imputación se fundamenta en circunstancias de naturaleza personal y familiar, tales como la existencia de esa supuesta relación de amistad” entre Sumarroca Coixet y Jordi Pujol Soley.

Esto, insiste el recurso, sería “contrario al derecho a la presunción de inocencia y al principio de culpabilidad” pues la imputación “se ha construido de forma genérica” y en base a “insinuaciones” no probadas --ni siquiera detalladas-- de que Emte obtuvo adjudicaciones de la Generalitat a cambio de comisiones.

Cinco operaciones

El escrito de apelación explica de forma extensa y detallada en qué consistieron cada una de las cinco operaciones investigadas por la Audiencia Nacional.

Se trata de un pago de 352.000 euros a Brantridge Holdings para conseguir el contrato de reforma de la sede histórica de Radio France en París; otro de 154.000 euros a Project Marketing Cat --empresa de Jordi Pujol Ferrusola -- para facilitar el desembarco de Emte en México--; unos servicios de consultoría de Jaume Ferrer Graupera por 448.000 euros; la venta de unas participaciones de la compañía General Lab a MH Tahat por 419.000 euros, y un pago de 13.000 euros realizado por Entron Enginyeria i Serveis a Project Marketing Cat.

Durante el Tripartito

Los Sumarroca, además, recuerdan que las cinco operaciones investigadas se sitúan entre los años 2003 y 2009, cuando Jordi Pujol ya no estaba al frente de la Generalitat --desde finales de 2003 gobernaba el Tripartito--, con lo que la capacidad de influencia de su hijo en las decisiones del ejecutivo autonómico era nula.

También subrayan que en 2003 su participación en Emte se redujo al 16%, que solo controlaron la totalidad de la compañía entre 2006 y mediados de 2007, y que en 2008 --tras su fusión con Comsa-- bajaron de nuevo su participación al 18%. Finalmente, destacan que la empresa solo facturaba en torno al 5% de sus ventas totales a la Generalitat. Y argumentan que, si finalmente la justicia considerase que hubo falsedad documental, esta habría prescrito en 2012, dos años antes de su imputación.