La startup Scoot ha desmantelado su base de motocicletas eléctricas y bicicletas compartidas en Barcelona tras las reiteradas trabas del Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, al motosharing. La tecnológica con sede en San Francisco ha renunciado a sus 820 licencias, dejando en nada su presencia en la Ciudad Condal, la primera urbe en la que se estableció fuera de Estados Unidos. Lo hizo en 2018.
Dos años después, la innovadora compañía de motos de alquiler, que algunos definieron como el Uber de las motocicletas, se ha rendido. Según ha informado el ayuntamiento en una nota oficial con fecha a 3 de agosto, Scoot Networks Iberia SL ha renunciado a sus 348 permisos de vehículos eléctricos de alquiler y a las 472 autorizaciones para bicicletas de uso por minutos. El Ejecutivo local le ha devuelto la fianza depositada de cerca de 17.600 euros y ha declarado vacantes las licencias.
Primera base fuera de Estados Unidos
Crónica Global le ha preguntado a la compañía sobre el desmantelamiento de su base en Barcelona, la primera que estableció fuera de Estados Unidos antes de abrir en Santiago de Chile. La firma, sin embargo, no ha contestado a los requerimientos de este medio. No obstante, la aplicación de motosharing de Scoot ya no muestra la posibilidad de alquilar motocicletas o bicicletas: solo patinetes eléctricos, un producto al que accedió Scoot tras ser absorbida por Bird en 2019.
Ello significa un mazazo para la empresa y también un golpe a la nueva movilidad en Barcelona y al empleo. No en vano, la tecnológica desembarcó en la capital catalana en 2018 con la promesa de desplegar una flota de 500 motos de alquiler eléctrico, 1.000 bicicletas compartidas y crear hasta 60 puestos de trabajo. Buscaba Scoot ocupar el lugar que dejó Uber tras su retirada de la segunda mayor ciudad española en 2019 por los obstáculos impuestos por el Gobierno catalán. No ha sido posible.
Trabas al 'motosharing'
Tenga que ver o no, el desmantelamiento de la base de motos y bicis de Scoot en Barcelona llega después de un bronco proceso de reparto de licencias pilotado por el ayuntamiento. La Administración local licitó solo 6.958 permisos para ocupar el espacio público con vehículos con ánimo de lucro, con un límite de 348 vehículos por operador. Ello soliviantó a operadores como Cooltra, cuya flota de vehículos excede esta cifra. No obstante, nuevos operadores se congratularon de que el consistorio diera una oportunidad a las jóvenes empresas.
Pero es que hay más. Antes del reparto alícuoto de autorizaciones, el Gobierno local aprobó gravar a las compañías con un impuesto de 71,50 euros por motocicleta que ocupe la calle. La tasa fue recurrida en los tribunales. Más recientemente, el bipartito municipal ha introducido las multas de 100 euros por estacionamiento indebido de vehículos de dos ruedas en las aceras, restringiendo el párking en 43.000 metros cuadrados. Asimismo, ha anunciado cortes de calles regulares en algunas grandes vías los fines de semana. Todo ello ha provocado la aparición de una plataforma en defensa de la moto.