El desafío es total y sin máscaras. El Govern de Quim Torra quiere beneficiar, sin ningún tipo de subterfugios, una tercera patronal a través del independentista Joan Canadell, que preside el Consejo de Cámaras, a través de la Cámara de Comercio de Barcelona. La consejera de Empresa, Àngels Chacón, que se opuso en un primer momento, da ahora su brazo a torcer frente a la presión de Carles Puigdemont y de Quim Torra para que se apruebe el decreto sobre las cámaras de comercio catalanas, que las dotaría de un reconocimiento de participación institucional. La medida pone en peligro “el diálogo y la concertación social”, según las patronales y los sindicatos, que se oponen por completo y han enviado una dura carta al presidente de la Generalitat.

El decreto lo tiene sobre la mesa la consejera Chacón y se podría aprobar este martes en el Consejo Ejecutivo, o en el próximo, con la presión del propio Canadell que ha señalado que no se puede demorar por más tiempo, y que “no perjudica a nadie”. Aunque fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que el asunto se lo han ido “rifando” la consejera Chacón, titular de Empresa, y el consejo de Economía y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, lo cierto es que se está imponiendo el propio Torra, bajo la orden de Puigdemont.

Canadell, interlocutor

El objetivo es diáfano, con Canadell en una posición casi de consejero económico. Ante las dificultades que se encuentra el Govern independentista de Torra frente el mundo económico, la posibilidad de que el Consejo de Cámaras tenga el reconocimiento de participación institucional lo eleva como interlocutor y deja en un segundo plano a patronales como Foment o Pimec, que son las que representan al tejido empresarial, desde la grande a la pequeña empresa y al autónomo.

Sin embargo, los agentes económicos y sociales se han plantado, como informó en su edición del domingo La Vanguardia. Pese a la dificultad de que el decreto salga adelante, porque debe pasar por el Parlament y no es el momento idóneo, casi en campaña electoral, para sacar adelante una legislación tan sensible, el tejido empresarial ha querido marcar un punto de inflexión. En una dura carta que han enviado al presidente catalán, Foment, Pimec, CCOO y UGT señalan que la medida supone “una amenaza a la misma esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Cataluña, al mismo tiempo que no se justifica su carácter de urgencia, por un proyecto de decreto-ley que pretende regular la participación institucional y la financiación de las Cámaras Oficiales de Comercio y de su consejo general”.

Rechazo de la patronal

La oposición es por su propio contenido, pero también por la forma que se ha elegido. El proyecto, se señala, “no encuentra encaje en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni en los usos y normas del diálogo social en Europa o en el Estado”. Además, se añade, que el decreto-ley “usurpa” los derechos reconocidos a las organizaciones empresariales y sindicales.

La carta, firmada por los presidentes y secretarios generales de las distintas organizaciones, Josep Sánchez Llibre, (Foment), Josep González, (Pimec); Camil Ros (UGT) y Javier Pacheco (CCOO), se refleja el malestar con una claridad meridiana: “No compartimos de ninguna manera el argumento de que la adscripción administrativa de las Cámaras justifique su representatividad y participación institucional, cuando se trata de entidades de derecho público, tuteladas por el Govern”.

Aragonés, al margen

La cuestión es que la consejera de Empresa amparaba la posición de las patronales, pero no se ha impuesto, según las fuentes consultadas, en el seno del Govern. Mientras, el vicepresidente Pere Aragonès, ha ido jugando con la cuestión, al entender que era una competencia de Chacón, mientras que ésta entendía que en el algún momento se debía posicionar Aragonès. Y todo para contentar a Joan Canadell, que tiene todavía un año más de mandato al frente de la Cámara de Comercio de Barcelona y busca ya algún anclaje en el mundo político. No en vano, defiende toda la estrategia de Carles Puigdemont y de su nuevo instrumento político, la transformación de Junts per Catalunya en un partido organizado.

Pero Canadell prepara también el terreno para la propia Cámara, porque, tras él, presidirá el organismo Mònica Roca, la actual vicepresidenta. Fue el acuerdo que establecieron, Canadell y Roca, tras ganar las elecciones a la Cámara de Comercio, impulsados por Eines de País, una candidatura con el apoyo de la ANC.

Torra no se esconde

Por ello lo que está en juego es decisivo para el mundo económico. Una mayor interlocución, reconocida, y con dinero público, del Consejo de Cámaras de Comercio, desplazaría a las grandes patronales y a los propios sindicatos.

La cuestión es que el Govern no se esconde. Y fue el propio presidente Quim Torra quien anunció la inminencia del decreto con una reunión con Canadell, en calidad de presidente del Consejo de Cámaras Catalanas y en el mismo Palau de la Generalitat. Torra señaló que para este mismo año la Generalitat avanzará 2,5 millones de euros para el funcionamiento de las corporaciones. Chacón había sugerido la imposibilidad de llevar a cabo tal propuesta, al rechazar la consignación de un presupuesto anual para el día a día de las organizaciones empresariales. Pero ha sucumbido, aunque el decreto no vea la luz de forma rápida y se pueda quedar, de nuevo, en el tintero.