Horas decisivas para el futuro de Atlantia, primer accionista de la concesionaria española Abertis. El Gobierno italiano decidirá este martes si finalmente ejecuta su amenaza y revoca las concesiones de la compañía en el país transalpino, una posibilidad que el primer ministro, Giuseppe Conte, ha dado casi por hecha y que podría provocar un terremoto en el sector financiero europeo por un más que presumible impago de la deuda del grupo controlado por la familia Benetton.

Las acciones de Atlantia cerraron la sesión del lunes con un desplome del 15,19%, traducido en casi 1.670 millones de euros en términos de capitalización bursátil. La salida en estampida de los inversores se debió a una entrevista publicada en prensa local con Conte en la que éste criticó con dureza la propuesta de Atlantia al Ejecutivo italiano para evitar una sanción que pende sobre la concesionaria transalpina desde la tragedia del puente Morandi, en agosto de 2018.

Consejo de ministros decisivo

Los planes de Atlantia pasan por inversiones de 3.400 millones de euros, especialmente enfocadas en mejorar el mantenimiento de sus concesiones, y también una significativa rebaja de su participación en la filial Autostrade per l’Italia (Aspi), que es la adjudicataria de las concesiones, del 88% que tiene en la actualidad hasta los límites del 50% que, incluso, le harían ceder el control efectivo de la sociedad.

Conte se mostró decepcionado con la oferta e insinuó que propondrá al Consejo de Ministros la renovación de las concesiones de Atlantia, una decisión para la que la empresa ya prepara una respuesta. De hecho, en paralelo a la reunión del consejo de ministros se producirá un encuentro extraordinario del principal órgano ejecutivo de la concesionaria para analizar la situación.

Supuesto de impago

Por lo pronto, el grupo incurrirá en una situación de impago de los bonos emitidos por Aspi para la financiación de las concesiones, que ascienden a más de 19.000 millones de euros, toda vez que la situación de las concesiones, que serían recuperadas por el Estado, quedará en suspenso ante la intención de la empresa de recurrir la decisión en los tribunales e introducirla en un complejísimo proceso judicial.

La mayoría de los bonos emitidos por Aspi están en manos de inversores institucionales internacionales, con una amplia participación de la banca italiana, pero también del resto del Viejo Continente, además de fondos de inversión y de pensiones.

Presión

La situación también afectaría a un grupo de pequeños ahorradores que, en su día, suscribieron una emisión por valor de 750 millones de euros y que la prensa local calcula en unos 17.000.

De hecho, las consecuencias casi impredecibles de proceder a una revocación de las concesiones es lo que ha llevado al Gobierno a demorar la decisión final. Hasta el punto de que no falta quien en círculos políticos interpreta las palabras del premier Conte como una fórmula para presionar a Atlantia y conseguir que mejore su oferta al Ejecutivo.

Dos años de la tragedia

En las últimas horas, la compañía emitió un comunicado en el que descarta modificar la propuesta bajo el argumento de que la planteada es el fruto de un largo año de trabajo y de negociaciones con el Gobierno.

A mediados del próximo mes de agosto se cumplirán dos años desde el desplome del puente Morandi, que causó la muerte de 43 personas. La tragedia se produjo en un tramo en las cercanías de la ciudad de Génova que forma parte de la cartera de concesiones de Aspi.

Proceso interrumpido

Desde entonces, el Gobierno italiano puso en el foco a la concesionaria que, por entonces, aún estaba en pleno proceso de adquisición del capital de Abertis, junto a ACS.

La amenaza inicial de nacionalizar Aspi derivó en un complejo proceso de negociación que se ha visto afectado tanto por la crisis en el Ejecutivo italiano, que llevó a la salida de la coalición de la Lega, como por la llegada del coronavirus, que se ha cebado especialmente con Italia.