Moncloa comienza a pasar de las palabras a los hechos en su intención declarada de acelerar el plan de despliegue de las energías renovables, tal y como le ha reclamado el sector, en especial Iberdrola y Endesa, desde que se inició la crisis del coronavirus. La primera prueba ha sido la aprobación este martes de sendos decretos por vía de urgencia para regular las próximas subastas y establecer las condiciones de acceso y conexión a las redes.

No hay tiempo que perder. Es el mensaje que ha pasado a mandar la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que a comienzos de semana ya recogía explícitamente el guante lanzado por el sector en cuanto a la conveniencia de acelerar las metas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

Aceptar el desafío

“No es tiempo de ralentizar sino, al contrario, de acelerar los planes de transformación con el fin de poner el proceso de transición energética al servicio de la recuperación económica”, aseguró Ribera en presencia del consejero delegado de Endesa, José Bogas, quien minutos antes había vuelto a mencionar los beneficios que para la llamada reconstrucción económica supondría pisar el acelerador de un plan que contempla inversiones nada menos que de 240.000 millones de euros en los próximos diez años.

Ambos se pronunciaron al respecto en la presentación de un informe que ha elaborado la consultora Deloitte sobre la posibilidad de que los territorios extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, alcancen la total descarbonización diez años antes de lo previsto, es decir, en 2040. El contexto no podía ser más propicio.

Nuevas subastas

En concreto, el Real Decreto por el que se regula el régimen económico de energías renovables para futuras instalaciones de generación eléctrica, cuyo procedimiento de urgencia ha sido este martes aprobado por el Consejo de Ministros, ofrece predictibilidad y estabilidad de ingresos a los inversores de nuevas plantas renovables y, al tiempo, permite trasladar de forma directa a los consumidores los ahorros que supone una mayor generación renovable.

Las nuevas subastas, que se convocarán mediante orden ministerial podrán emplear, como producto subastado, la energía que la nueva planta ha de entregar al sistema, la potencia instalada o una combinación de ambos conceptos. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.

Evitar la especulación

El segundo Real Decreto, que regula el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas, aborda la actual situación de los permisos de acceso y conexión concedidos con el objeto de evitar movimientos de carácter especulativo, que obstaculizan y encarecen los proyectos renovables firmes y solventes.

En los últimos meses se había producido un boom de peticiones de acceso a puntos de conexión, que superaba con mucho la capacidad instalada que se precisaba, debido a la actuación de numerosos fondos de inversión cuya única intención a la hora de hacerse con estos puntos era acaparar el mercado para después venderlos a los verdaderamente interesados en desarrollar proyectos renovables a precios muy elevados.

Efecto tractor

Parece improbable que el Gobierno pueda seguir en su totalidad la hoja de ruta marcada por las empresas, cuyo propósito es que el plan de inversión se adelante hasta cinco años. Sin embargo, los avances a la hora de tramitar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética junto con los decretos avanzados este martes constituyen toda una declaración de intenciones.

Existe un amplio consenso en torno a situar a la transición ecológica como una de las claves para la reconstrucción de la economía española por el efecto tractor que tendrá sobre otras actividades y, sobre todo, por su repercusión en el empleo, que es uno de los aspectos que más inquieta tanto al Gobierno como a los agentes sociales.