La irrupción de la pandemia del coronavirus y su impacto en la economía ha dejado en vía muerta el debate sobre el futuro sistema de pago por uso de la autopistas, que el Gobierno había puesto en marcha durante la pasada legislatura y parecía dispuesto a rematar definitivamente en esta. Sin embargo, el asunto ha dejado de estar sobre la mesa del Ejecutivo que, sin embargo, seguirá levantado las barreras en las concesiones de peaje que llegan a su final.

El secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, confirmó que la medida de imponer pagos por el empleo de las vías de alta ocupación, con el fin de que el mantenimiento de la red de carreteras del Estado no descanse solo en los Presupuestos, no figura en la agenda de Moncloa.

Complicado consenso

Durante una intervención en un coloquio organizado por Executive Forum, Saura apuntó que la cuestión “no está siendo estudiada actualmente por el Gobierno. Es un asunto que requiere el consenso del Parlamento y, en estos momentos, no está en nuestras manos”.

El consenso parlamentario se ha convertido en una quimera en los últimos tiempos debido a su fragmentación, pero mucho más si no se elevan propuestas. Es el caso de de esta posibilidad, que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez sacó a la palestra muy pronto, poco después de llegar a la Moncloa tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, en junio de 2018.

Impulso del debate

José Luis Ábalos, ministro entonces de Fomento (hoy Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), impulsó la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar la forma de implantar un sistema que acabara con la anormal situación de las carreteras en España tanto en relación con otros medios de transporte como respecto a la mayoría de sus socios comunitarios.

Ábalos ya había manifestado que las partidas presupuestarias eran insuficientes para abordar el mantenimiento de una red de vías de alta ocupación cada vez más extensa y, por lo tanto, más costosa. En España, menos de un 20% de la red de autopistas es de pago, una situación radicalmente opuesta a la mayoría de sus socios europeos. Una situación que también contrasta con la de los usuarios de medios de transporte como el avión y el tren, que sí costean el empleo de las infraestructuras.

"Globos sonda"

La actividad de la citada subcomisión se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones anticipadas, a la que sucedió un largo periodo de Gobierno en funciones durante el que, incluso, llegaron a publicarse informaciones acerca del futuro pago por el uso de las autovías que, hasta la fecha, habían sido gratuitas, y que el propio Ábalos calificó de “globos sonda”.

Una vez constituido e investido el nuevo Gobierno, en la primera semana de este año, la idea del pago por uso de las autovías seguía muy presente y activa en Moncloa y, además, fue reiteradamente alentada por el sector privado, que veía cómo surgía una oportunidad de negocio en un entorno que se tornaba sombrío porque el Gobierno no era partidario se renovar las concesiones de autopistas de peaje tras la finalización de sus respectivos contratos.

La propuesta del sector privado

Poco antes de la pandemia, Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, presentó un estudio sobre actuaciones futuras que el Estado debería acometer, especialmente en materia de gestión de agua y medioambiental, en el que también se incluía la implantación de un sistema de pago por uso de las carreteras que repercutiría de forma generosa en la recaudación fiscal, además de contribuir de forma decisiva al mantenimiento de la red.

Sin embargo, todo apunta a que la medida deberá esperar aún algo más de tiempo. La crisis del coronavirus ha modificado sustancialmente las prioridades del Gobierno, de modo que no parece dispuesto a abordar un asunto, por lo demás controvertido al suponer un cambio de hábito notable en una población largamente acostumbrada a utilizar las autopistas de forma gratuita, salvo en el norte del país.