La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha alertado de un posible amaño en otra contratación de transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El fiscalizador del mercado ha tumbado la segunda pata de los concursos de transporte interurbano en el Baix Llobregat, con un valor de más de 600 millones de euros, al verla "altamente restrictiva". La intervención de la Acco se produce después de que el ente que preside Marcel Coderch ya advirtiera de otra licitación sospechosa de 300 millones en la zona.

En una nota pública, Competencia ha informado de que "ha requerido al AMB --que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau-- para que declare la nulidad o derogue o deje sin efecto" el acuerdo del consejo metropolitano que aprueba la licitación del autobús interurbano entre Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona y otros municipios. El contrato tiene un presupuesto de 320 millones y un valor de 602 millones. ¿Por qué? Esgrime el fiscalizador del mercado tres argumentos. No hay división en lotes ni justificación de ello, el nivel de solvencia limita el nombre de operadores y la competencia de precios está limitada.

 

 

Competencia alerta de un posible amaño de 600 millones en el AMB / CG

Tumbará el concurso

Ante ello, Competencia no solo avisa al AMB sino que avanza que impugnará el procedimiento si el gobierno metropolitano no lo arregla. Subraya la Acco que tal y como está planteada la actual licitación, se producen "graves riesgos para la concurrencia y la competencia en esta contratación pública".

Con esta toma de posición, la administración que preside Colau tiene ahora un mes para dejar sin efecto el macroconcurso de 600 millones. Si no lo hiciera, la propia Autoridad presentaría recurso contencioso en los tribunales para abortar el proceso de contratación.

Cuarto concurso de transporte cuestionado

La intervención de la Autoridad Catalana de la Competencia en un concurso de transporte del AMB no es nueva. En enero de este año, la Acco ya impugnó la licitación del bus en el área portuaria y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con un valor de 1,7 millones de euros. Un año antes, en marzo de 2019, el mismo ente ya puso la lupa sobre la licitación del autobús interurbano en el Baix Llobregat sur para, después, recurrir el procedimiento. Esta contrata era mucho mayor, de 300 millones de euros.

También por presuntas prácticas anticompetitivas se frenó la adjudicación del Aerobús, el bus lanzadera entre el centro de Barcelona y el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En este caso, el fiscalizador del mercado no solo advirtió de un concurso orientado a determinadas empresas, sino que detectó un posible cártel. Abrió dos investigaciones. Una de ellas ha rebasado la fase de instrucción y concluirá, salvo sorpresa, en sanciones a TMB, Moventia, Vectalia y Tusgsal. Las cuatro empresas, finalmente, perdieron la contrata.