El recurso de las empresas a la Justicia en un entorno de graves tensiones de liquidez como el que ha provocado la crisis del coronavirus ha hecho cundir el nerviosismo entre algunos acreedores, especialmente entidades internacionales, que han visto cómo los jueces han empezado a fallar a favor de otorgar moratorias a las sociedades a la hora de cumplir con sus compromisos de deuda. Una situación que podría agravarse para los acreedores en el caso de que se siente jurisprudencia.

En las últimas horas se ha conocido el caso de una empresa de gran tamaño como Grupo Celsa. La siderúrgica catalana, con una facturación anual que supera los 4.300 millones de euros, ha conseguido que un juez atienda su solicitud de obtener una moratoria en el pago de sus obligaciones financieras por un plazo de 12 meses al considerar que existe una causa de fuerza mayor, como es el caso de la crisis generada por la expansión del Covid-19, que ha derivado en la peor pandemia de la humanidad en un siglo.

Posición de ventaja al negociar

La empresa controlada por la familia Rubiralta cuenta, por lo tanto, con un aval de los tribunales para no atender los próximos vencimientos de deuda tras acreditar ante el magistrado los efectos que la crisis ha provocado en sus fundamentales, en especial en lo que se refiere a aspectos como la facturación y el resultado operativo (Ebitda). Argumentos que han sido más que suficientes para la emisión de un auto que libera a Celsa de estos compromisos por espacio de un año.

Es el caso más llamativo por el tamaño de la compañía, pero no es el único. Fuentes empresariales aseguran a Crónica Global que numerosos despachos de abogados están trabajando en las últimas semanas en procesos similares para contar con un aval de los jueces a la hora de sentarse a la mesa a negociar con los acreedores.

Técnicamente, no hay impago

Así, éstos pueden encontrarse con el caso de que no puedan iniciar procesos para ejecutar garantías de préstamos que han empezado a incurrir en mora debido a que las sociedades cuentan con el respaldo de la Justicia.

“Con una moratoria concedida por un juez, no se puede hablar técnicamente de impagos. Los tribunales pueden certificar que una compañía no está en disposición de cumplir sus compromisos financieros por una circunstancia completamente ajena tanto a la gestión como a la evolución de su actividad, equivalente a una causa de fuerza mayor”, apuntan desde un despacho de Madrid.

Evitar la jurisprudencia

El problema para los acreedores podría llegar si esta situación se generaliza y comienzan a aflorar procedimientos judiciales en busca de un aval para demorar los compromisos de deuda.

En el caso de Celsa, algunas de las entidades que en su día participaron en el proceso de refinanciación de su deuda tratan ahora de voltear la decisión de los jueces en una instancia superior, según informa Expansión. En realidad, la pretensión de las entidades no es tanto que la siderúrgica catalana abone los vencimientos que corresponden al actual semestre sino evitar que los casos como éste se extiendan.

Una sentencia contraria a la moratoria financiera relacionada con las tensiones de la crisis del coronavirus devolvería a los acreedores una posición de fuerza que ahora mismo está en peligro si se emiten más autos de este tipo.