El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que la economía española puede perder entre un 8,4% y un 13,1% en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus, aunque el escenario más probable sitúa el descenso del PIB en torno al 11%, en función del momento en el que se ejecuten las medidas para paliar esta situación. De ser el adecuado, podrían salvarse cerca de un millón de puestos de trabajo.

Según el informe “Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis”, elaborado por el organismo, la caída del valor añadido bruto de la economía española podría alcanzar el 13,1% por los efectos de la crisis, que también destruiría hasta 2,6 millones de empleos. El factor corrector viene por las medidas para hacer frente a esta situación, que podrían evitar una pérdida directa de hasta un 4,7% del mencionado valor añadido brurto y poner a salvo 965.000 empleos.

Mantener la reforma laboral

Para 2021, el IEE prevé una recuperación significativa ya que considera que el impacto de la crisis no terminará con los fundamentales de la economía española, que serán capaces de provocar una reacción, como ya sucedió en el caso de la crisis financiera iniciada a finales de la pasada década.

En este sentido, el organismo considera que sería un error revertir estos mecanismos, “como sucedería si se volviese al marco laboral de la pasada década”, en referencia al acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con la formación EH Bildu para la derogación completa de la reforma laboral del PP, que posteriormente fue matizado por el Ejecutivo.

Avales del ICO

El IEE estima que de las medidas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno contra los efectos del Covid-19, las más eficientes son las referidas a los apoyos a las empresas, que contribuyen al sostenimiento de la producción, la actividad y el empleo.

En esta línea se sitúa el programa de avales del ICO para líneas de financiación privada que, de acuerdo con los cálculos del IEE, tendrán un impacto directo sobre la actividad de hasta el 3,2% de valor añadido bruto y 663.000 empleos adicionales. A largo plazo, estas cifras podría irse hasta el 8,6% de valor añadido bruto y 1,65 millones de puestos de trabajo.

Reformas estructurales

Además, el organismo que preside Íñigo Fernández de Mesa considera fundamental que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pudieran prolongarse hasta finales de año.

Para más adelante, el IEE estima que el Gobierno debería acometer mejoras y reformas de los fundamentales económicos como medidas de oferta que potencien el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española y que ayudan, a su vez, a reconstruir la demanda agregada.

Por último, el informe indica que es necesario incorporar una reflexión de la orientación y priorización sectorial de las posibles medidas de política económica. A corto plazo, pide priorizar la preservación del tejido productivo más afectado por la crisis, como, por ejemplo, el turismo y la hostelería.