El planteamiento de un gran fondo de la Unión Europea para financiar la reconstrucción de las economías de los países miembros tras la crisis del coronavirus es ya una realidad. Sin embargo, todo apunta a que sacarlo adelante será una tarea demasiado ardua para la urgencia que requiere. Que la Comisión Europea haya logrado llevarlo al Parlamento ya ha costado casi un mes más de lo previsto. Y sólo se trata de una propuesta. El debate posterior en la Eurocámara ilustró que las posturas aún están demasiado enfrentadas.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, se comprometió a presentarse en el Parlamento con un plan que pudiera satisfacer a todas las partes, que incluyera transferencias a fondo perdido, como reclaman particularmente los países del sur, en especial Italia y España, los más dañados por la pandemia, pero también créditos reembolsables, como es el deseo de algunos socios del norte, encabezados principalmente por Países Bajos.
Transferencias y créditos
El primer objetivo está conseguido y no era nada sencillo porque la medida no tiene precedentes, igual que la magnitud de la crisis. En total, 750.000 millones de euros, ligados a un Presupuesto plurianual que será de 1,3 billones de euros. Según el diseño de la Comisión, algo más del 70% sería distribuido entre los países miembros en forma de subsidio, a fondo perdido.
En este punto es donde comienzan las diferencias. Y podría decirse que, también, donde terminan. Tras la última reunión del Consejo, en la que volvió a quedar palpable el rechazo de los socios del norte a cualquier solución que no fuera a través de créditos, Von der Leyen determinó que, en todo caso, el fondo debería articularse mediante un sistema mixto, para intentar que ninguno de los miembros se saliera con la suya al 100% y, al mismo tiempo, que todos se vieran en parte reconfortados.
La oposición de "los frugales"
No ha sido el caso de los que ya son conocidos en el ámbito comunitario como “los frugales”, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, cuya oposición al sistema de transferencias ya era descontado en la Eurocámara. Ni siquiera el acuerdo alcanzado recientemente entre Alemania y Francia para proponer un fondo de medio billón de euros ha servido para que den su brazo a torcer.
La postura de los cuatro frugales comienza a llevar a la desesperación al resto. En la sesión plenaria se escucharon calificativos como “egoístas” e “insolidarios” y manifestaciones de impotencia, en el sentido de que “el proyecto europeo no puede ser rehén de cuatro gobiernos, que no países”.
No a endeudarse más
Poder, puede. Porque una decisión tan trascendente requiere el apoyo unánime del Consejo. Y porque, además, el rechazo a un sistema de transferencias no es el único obstáculo que presenta la dura negociación que se avecina en el Viejo Continente. Los conservadores reformistas tampoco están de acuerdo con el hecho de que el fondo implique que la Unión Europea se endeude. Von der Leyen explicó que parte de los fondos que alimentarán el instrumento, simbólicamente denominado “Próxima Generación Unión Europea” se obtendrán a través de préstamos que la UE obtendría en los mercados financieros.
El ala más ultraliberal del Parlamento ve en este extremo un riesgo de que la elevada deuda que van a acumular algunos Estados miembros como consecuencia de los muchos gastos que van a tener que acometer para tratar de salir los efectos de la pandemia se transfiera al conjunto de la Unión. En definitiva, recuerdan su rechazo permanente a mutualizar la deuda aunque, en este caso, no se trate de eurobonos.
"Un golpe de Estado"
“Esto es un golpe de Estado, tenemos a la Unión Europea metiéndonos la mano en el bolsillo”, señaló el reformista holandés Derk Jan Epping, uno de los eurodiputados que intervino en el debate posterior a la exposición de Von der Leyen. Otros miembros de este grupo, como Beata Szydlo, del conservador polaco Ley y Justicia, se pronunció en términos similares y rechazó de plano que la UE se endeude más.
Además de formar parte del juego parlamentario, las palabras quedan más para la actas, sobre todo porque en la Cámara no va a haber muchos problemas para sumar una mayoría. Eso sí, no a cambio de nada. El líder de los democristianos, Manfred Weber, elogió el acuerdo y aseguró que el plan “va bien encaminado, en el Partido Popular Europeo lo vemos bien en líneas generales”. Sin embargo, hay un ‘pero’. “Necesitamos reformas, hay que hacerla; lo que no podemos hacer es prestar dinero a cambio de absolutamente nada”. Es decir, puede no haber intereses pero sí compromisos por parte de los gobiernos de los países miembros, especialmente los más beneficiados por el fondo.
Pensar en los ciudadanos
Un punto problemático, espinoso, particularmente donde se dan gobiernos de coalición como es el caso de Italia y también de España y Portugal, aunque la situación de éste se antoja sensiblemente menos apurada. En línea con el líder de su grupo, Esteban González Pons exigió garantías “de que el dinero llega a los ciudadanos, que ya no nos creen cuando hablamos de billones porque muchas veces no ha significado nada para ellos. El plan debe pensar en los ciudadanos y no en los gobiernos. El fondo no puede servir para blanquear la política de los malos gobiernos”.
Las reformas de las que habla en centro-derecha europeo van precisamente encaminadas en dirección contraria a las que trata de sacar adelante el Ejecutivo español, especialmente en materia laboral y fiscal. No resultó difícil adivinar en quién pensaba González Pons cuando advirtió de que “si regamos los populismos, éstos arraigarán y crecerán”.
"¡Actúen ya!"
No será una labor sencilla sacar adelante el fondo. La posición del eje franco-alemán juega a su favor. Y también el hecho de que durante el segundo semestre sea precisamente Alemania la que ocupe la presidencia por turno de la UE. Pero precisamente el problema radica en la emergencia del fondo.
Algo que se encargó de poner de manifiesto otro eurodiputado español, Luis Garicano: “La situación económica es dantesca, la gente no sabe si tendría empleo a finales de mes. El tiempo apremia. En mi país, cada día cierran 2.000 empresas. ¡Actúen ya!”. Ese es, precisamente, el último de los riesgos del plan: que llegue demasiado tarde.