Los gestores administrativos han denunciado la imposibilidad de los comercios para comunicar a la Seguridad Social la incorporación al trabajo de los empleados afectos por un ERTE de fuerza mayor. Ante esta situación, que se da desde el 13 de mayo, han pedido que las inspecciones de trabajo no sancionen a estos establecimientos.
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña ha detectado un aumento muy significativo de las inspecciones a los establecimientos que empiezan a recuperar su actividad para verificar que estas incorporaciones se realizan de manera correcta.
Falta de coordinación
Los gestores han denunciado que la falta de coordinación entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo hace que los comercios abran sus negocios ajenos a esta situación y se arriesguen a sanciones por un problema administrativo. "Es inexplicable que se consienta a una administración sancionar una situación que otra administración no permite hacer efectiva", han señalado.
Por otra parte, el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña está trabajando con el SEPE para habilitar un canal más directo para comunicar las desafectaciones parciales de las personas afectadas por un ERTE con el objetivo de evitar retrasos y problemas posteriores, tanto para los trabajadores como para las empresas.
Problemas con el cobro del ERTE
Esta problemática se une a las más de 3.000 quejas de trabajadores afectados por un ERTE que ha recibido la Generalitat. En concreto, las críticas se centran en que todavía no se ha cobrado el paro al que tienen derecho o han recibido una cantidad inferior a la que les corresponde.
En una entrevista en Europa Press, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha explicado que han recibido quejas "de todo tipo" en el buzón que crearon hace dos semanas para quienes tienen problemas con su prestación del paro, tramitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
Recurso por las políticas activas
"Desde la queja clásica de que no se ha cobrado la prestación desde hace mucho tiempo hasta situaciones de que han cobrado cuantías que no corresponden y que a veces sorprenden, como pagar la nómina del paro con una cantidad que no supera los 10 euros", ha expuesto. El departamento seguirá recogiendo testimonios hasta tener un universo "suficientemente grande" para comunicarlo al Gobierno, y estudia las vías que puede utilizar a partir de lo que les explican los afectados por ERTE.
Asimismo, la Conselleria de Trabajo analiza jurídicamente la viabilidad de presentar un recurso con el Gobierno por el recorte de más de 215 millones de euros para políticas activas de empleo, un 55% del total de recursos destinados a Cataluña para este fin. La Generalitat cuestiona la legalidad de esta decisión tomada por el Ministerio porque son fondos finalistas que no se pueden dedicar a otras cuestiones y deben gestionar las autonomías.