Los expertos en la materia sostienen que los incendios forestales “se apagan en invierno”, en referencia al hecho de que una adecuada limpieza y labor de mantenimientos de bosques y superficies arboladas en ese periodo previenen en buena medida los fuegos en el verano siguiente o aminoran su impacto en el caso de que se produzcan. Con las crisis sucede algo parecido: su repercusión es mayor en aquellas economías que no hayan preparado el terreno previamente. Un factor que explica, sin ir más lejos, lo que sucederá con la española y por qué el coronavirus le condenará a una deuda pública por encima del 100% del Producto Interior Bruto (PIB) perpetuada en el tiempo.

El reciente informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el Plan de Estabilidad que el Gobierno remitió a finales de abril a la Comisión Europea asegura que la deuda pública española no bajará de esa cota como mínimo hasta finales de la década de los 30. Y eso, siempre que siga una espartana disciplina de reducción de déficit y posterior equilibrio presupuestario durante un periodo de diez años, inédito en la historia reciente del país.

Dos crisis unidas

Ni siquiera las dimensiones mundiales de la crisis del coronavirus justifican un escenario tan negativo. La clave está en que tal panorama no es producto de una crisis sino de dos. Y, además, las dos mayores que ha conocido la humanidad en casi un siglo.

El impacto de la crisis de finales de la pasada década en la deuda pública española fue devastador. Antes de su llegada, la cota se situaba en el 35% del PIB. En 2014, cuando comenzaron a apreciarse síntomas sostenidos de recuperación, ya había sobrepasado el 100%. En términos absolutos, el endeudamiento del Estado se incrementó en este periodo nada menos que en 650.000 millones de euros.

Ocasión desaprovechada

De acuerdo con la estimación de la Airef, tan sólo un tercio de este incremento está relacionado con la contracción de la economía. En términos nominales, el PIB se redujo apenas un 4% en aquellos años tan complicados, en los que las tasas de desempleo en España superaron de forma holgada el 20%. En cambio, la mayor parte se debió a los sucesivos desequilibrios presupuestarios en que incurrieron los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y también a las ayudas al sistema financiero.

El déficit superó ampliamente el 11%, incluso por encima de algunas estimaciones para los próximos años como consecuencia de la crisis del coronavirus y la Unión Europea urgió reducirlo de forma drástica, bajo amenaza de cuantiosas sanciones. España optó por centrar sus objetivos económicos en la consolidación fiscal pero no dejó de endeudarse, y más conforme la tensión en los mercados de renta fija disminuía y, como consecuencia, también el coste de financiación.

Sin corregir desajustes

El problema ha sido que la etapa de plena recuperación, a partir de 2015, no se ha aprovechado lo suficiente para sanear las cuentas públicas. Y así, mientras la deuda se desbocó entre 2008 y 2014, con una contracción de la economía del 4% en ese periodo, apenas se redujo cinco puntos porcentuales en relación con el PIB en los últimos cuatro años, periodo que se saldó con un crecimiento económico nada menos que del 20% (en términos de PIB nominal). En términos absolutos, el endeudamiento público se ha elevado incluso unos 150.000 millones de euros.

Es decir, la llegada de una nueva crisis mundial ha sorprendido a la economía española sin apenas haber corregido algunos de los desajustes provocados por la anterior, que fue terriblemente duradera. En otras palabras, España aún tiene un endeudamiento público más propio de un periodo de contracción económica que de casi un lustro de notable crecimiento.

Inestabilidad política

Es cierto que la corrección del déficit ha sido notable (cerró en 2018 en el 2,5%). No obstante, como remarca la Airef, en estos últimos años el descenso ha sido efecto del factor ciclo económico y no de reformas estructurales que se han quedado a medias, sino directamente por hacer.

Tampoco ha contribuido en este sentido la inestabilidad política que el país ha padecido en esos cuatro años de expansión económica. En este periodo se han celebrado cuatro elecciones generales en España y una moción de censura que acabó con un cambio de Gobierno. Como consecuencia de todo ello, los distintos Ejecutivos han tenido que actuar en funciones durante un total de 19 meses, o lo que es lo mismo, cuatro de cada diez días.