La polémica está servida después de que una Orden del Ministerio de Presidencia publicada el pasado fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) instruyera a los ayuntamientos a la hora de registrar en el Padrón a los ciudadanos que demuestren vivir en sus respectivos municipios, aunque no sea precisamente en una vivienda en la que resida de forma legal. Incluso puede ser que ni siquiera sea considerada vivienda. Carta de naturaleza para okupas, sintecho o moradores de una infravivienda que, en el momento en que figuren inscritos, podrán aspirar a ayudas como la renta mínima vital que actualmente prepara el Gobierno.

En realidad, se trata de una actualización de la normativa que ya regía a mediados de la década y que incluía que el registro en el Padrón debe ser “independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”. En el momento en el que pueda demostrar que vive en ella de forma habitual, su inscripción será obligatoria, aunque haya accedido de forma ilegal.

Normativa vigente

Aunque no sea algo nuevo, el recordatorio ha dado lugar a la controversia puesto que se produce a las puertas de la puesta en marcha por parte del Gobierno de la renta mínima vital, por vez primera en el ámbito estatal, para cuyo ingreso se exige contar con un domicilio registrado.

No obstante, esta dirección no tiene necesariamente que coincidir con una vivienda puesto que la Orden deja en un segundo plano “las circunstancias física, higiénico-sanitarias” del lugar. Incluso también la existencia de un techo. En el momento en que los Servicios Sociales puedan dar fe de que una persona habita en un municipio tiene derecho a ser empadronado en él, aunque haya de ser inscrito en la sede de estos Servicios o en una dirección que suela frecuentar.

Críticas de la oposición

Las críticas no se han hecho espera de parte de la oposición, en especial del Partido Popular y de Vox, aunque tampoco han faltado los que recordaban que la norma no es nueva y que estaba ya en vigor cuando los populares tenían el control del Gobierno central.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado este martes en el Senado que la prestación podría comenzar a cobrarse a partir de junio. Las estimaciones apuntan a un ingreso aproximado de 500 euros al mes y se beneficiarán de él cerca de un millón de hogares, ya que se otorgará a unidades familiares en lugar de individuos.