La resaca de la presentación de las fases de desescalada en la economía y actividad española provocó una avalancha de críticas debido a que muchos de los sectores motor de empleo enfilarán la vuelta a la normalidad con bastantes problemas. La hostelería mostró su malestar ya que no entiende que la capacidad de sus establecimientos vaya a estar a un tercio mientras que todos los empleados tengan que volver a sus puestos. Desde Hostelería de España argumentaban que las “pérdidas iban a ser cuantiosas” y que un 40% de los establecimientos no volverán a abrir sus puertas. 

Con el riesgo de que muchas empresas no puedan afrontar sus deudas, el Consejo General de Economistas ha elaborado un decálogo de sugerencias al Gobierno. Si bien el pasado martes el organismo explicaba a Crónica Global se atisbaban rayos de luz tras la presentación del plan de desescalada, el documento emitido incluye una serie de “encajes normativos encaminados a afrontar la recuperación y reactivar nuestra economía”.

Extrema finura

El Colegio General de Economistas pide al Gobierno que las medidas que tome debe prepararlas con “extremada finura” porque debe ser “cuidadoso” para que “no se ocasione un agujero en las cuentas públicas” de “indeseables” consecuencias. 

Para ello, los expertos aconsejan al Ejecutivo algunas modificaciones a medio plazo como “definir y ejecutar un plan de inversiones, replantear nuestro modelo industrial, incentivar la lucha contra el fraude y la economía sumergida –potenciando la facturación electrónica e implantando incentivos para que se generalicen los pagos con medios electrónicos– o repensar nuestro mercado de trabajo”.

Medidas fiscales

Ante la situación crítica a la que se enfrentan las empresas, el Consejo General de Economistas pide que se incremente el porcentaje de minoración de la base imponible del 10% al 30%. Según el organismo se justifica porque la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades “van a tener que presentar la autoliquidación por este impuesto para ejercicios iniciados en 2019” y, muy probablemente, “tendrán que pagar si no han adelantado una cuantía superior a la cuota resultante”.

Entre otras medidas, el CGE sugiere al Gobierno que priorice las deducciones fiscales relacionadas con el teletrabajo y la adaptación del trabajo a “las neesarias medidas de distanciamiento” y deducciones por donativos, donaciones y aportaciones con la posibilidad de “deducir el 50% o el 100% de estos donativos y, además, aplicar dichas bonificaciones en ejercicios iniciados en 2020”. 

Modificar el IRPF

En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), dichos expertos recomiendan que se “aproximen los criterios de imputación al cobro efectivo de las rentas”. En este caso se propone que en caso de que sean operaciones a corto plazo, las rentas se cobren efectivamente en lugar de imputarlas cuando sean exigibles al cobro. También piden que las pérdidas patrimoniales correspondientes a créditos impagados se puedan computar transcurridos tres meses desde que se iniciara el procedimiento para ejecutarlo en vez de un año. 

Por otra parte, los economistas creen necesario que puedan considerarse gasto deducible de los rendimientos del capital inmobiliario los saldos de dudoso cobro, además de en situaciones concursales del deudor, cuando entre la fecha en la que se realizó la primera gestión de cobro.

Reducir el IBI en 2020

El Consejo General de Economistas también considera recomendable una “reducción” en el IBI de este año de todos los locales que han tenido que cerrar a consecuencia del coronavirus. 

En el mismo apartado, el organismo dirigido Valentín Pich sugiere al Gobierno que se refuerce la lucha contra el fraude, fomentando canales de información y de pistas contra aquellas personas y sociedades que esquiven sus pagos legales. 

Medidas laborales

Los economistas se suman a las peticiones de los autónomos en el sentido de que este colectivo debería cotizar a la Seguridad Social en función de su facturación real.

También consideran que ayudaría al tejido empresarial la eliminación de la cuota de autónomos durante los dos primeros años para fomentar la creación de nuevas sociedades relacionadas con la tecnología.

Flexibilización de los ERTE

Al igual que pidió Bankia en la rueda de prensa de presentación de sus resultados trimestrales, el CGE aboga por flexibilizar las condiciones exigidas por los ERTE de fuerza mayor en cuanto al “mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes”. A su vez, piden que se elimine el registro laboral durante el estado de alarma ante “la dificultad” que tienen las empresas de cumplirmentarlo.

Por último, el CGE ve necesario considerar suficiente una reducción de ingresos a la mitad de la facturación --en lugar del 75%-- para recibir la prestación por cese de actividad y en la tramitación de los expedientes reguladores por causas económicas.