Pedro Sánchez no va a renunciar al cobro de impuestos a empresas y personas en España. Ya lo dijo claramente hace dos semanas en rueda de prensa. Al día siguiente, la ministra de Economía, Nadia Calviño, repitió que para pagar a personal sanitario, pensiones y personas sin trabajo el Estado tiene que recaudar. 

Y el Gobierno de España ha colado en el BOE esta decisión. Sánchez firma de su puño y letra el Boletín Oficial del Estado para explicar que no es posible cancelar tributaciones porque es un deber fundamental de cada español. 

Artículo 31 de la Constitución

El presidente alude al artículo 31.1 de la Constitución para explicarlo. Dicho punto conecta el citado deber de “contribuir con el criterio de la capacidad económica” y lo relaciona, a su vez, “no con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario”. 

Por esa razón, el decreto ley no podrá alterar el régimen general “ni elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo”.

No se permite "innovación"

Añade que el artículo 86 imposibilita “cualquier innovación o intervención” que altere sensiblemente el obligado derecho a contribuir tributariamente.

Lo que sí se le permite es el aplazamiento de los impuestos. Y es precisamente lo que el líder del ejecutivo ha hecho. No obstante, la Carta Magna solo se lo permite una vez cada mes. 

Los autónomos, en pie de guerra

Tanto la CEOE como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) han pedido reiteradamente que se eliminen los pagos de las cuotas de autónomos mientras su actividad esté cerrada, aunque cabe destacar que en este caso se habla de cotizaciones y no de tributos. En el caso de los impuestos que abonan los autónomos, el ejecutivo ha aprobado moratorias para su cobro, pero no su anulación.

Un reciente estudio elaborado por ATA explica que entre los autónomos que tienen trabajadores a cargo (58,9%), el 46,2% ha aplicado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus trabajadores, mientras que un 32,3% asegura no haberlo hecho y que mantiene al 100% su plantilla. Los empresarios que se han visto obligados a abrir un expediente regulatorio de empleo han destacado que la razón fundamental para aplicarlo ha sido la de mantener a la plantilla, aunque un 21,7% afirma que su actividad no puede acogerse a fuerza mayor, y un 22,3% que continúa con su actividad.

1.000 millones en juego

La cuota de autónomos supone un buen pellizco para las arcas del Estado. Cada mes, según datos de ATA, la Seguridad Social recauda unos 1.000 millones de euros. El colectivo asegura que esa cantidad solo supondría el 2% del presupuesto destinado por el Gobierno a paliar los efectos económicos que ha dejado el coronavirus. 

Por ahora, el Gobierno ha aprobado moratorias para los pagos y avalar hasta el 80% los nuevos créditos que ha lanzado la banca para pequeñas y medianas empresas y autónomos.