Continúa la particular pesadilla judicial norteamericana de Gerard Romy, fundador junto a Jaume Roures y Tatxo Benet de la productora Mediapro, de la que también fue socio. El ejecutivo ha sido procesado por la Fiscalía local en el marco de las investigaciones de que se siguen por presuntos pagos sobornos a cambio de derechos de retransmisiones de competiciones de fútbol, el denominado FIFA Gate, por el que la compañía ya fue duramente multada en su día tras haber admitido los hechos.
Sin embargo, el caso no se ha terminado ahí. Al menos, para Romy, al que las investigaciones siempre han situado como principal artífice de la trama. Hace dos años, la filial estadounidense de Imagina admitió ser culpable del pago de 6,5 millones de dólares en sobornos a directivos de la Concacaf (la confederación que agrupa a las federaciones de fútbol de los países de Norteamérica, Centroamérica y Caribe) a cambio de adjudicarse los derechos de los partidos clasificatorios para la fase final de la Copa del Mundo correspondientes a las ediciones de 2018 y 2022.
Acuerdo extrajudicial
Merced a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la compañía evitó el proceso judicial pero no diversas sanciones que sumaron 24 millones de dólares (unos 20 millones de euros).
El caso quedó cerrado para Mediapro pero, por lo que parece, no sucede lo mismo con Romy, al que la Fiscalía acusa de delitos de fraude y blanqueo de capitales.
Esquema de sobornos
La Fiscalía sitúa al empresario catalán en el centro de una trama para el pago de los citados sobornos, uno de cuyos destinatarios habría sido Jeffrey Webb, presidente por entonces de la Concacaf, que se habría embolsado tres millones de dólares por favorecer a la filial de Mediapro en la adjudicación de los derechos.
En su día, el organismo estadounidense consideró que Romy estaba al frente del “esquema de sobornos” articulado para que el dinero llegara a su destinatario sin levantar sospechas, a través de un sistema de facturas falsas y de cuentas bancarias a nombre de intermediarios en terceros países. De hecho, la Fiscalía se refería a Romy como “co-conspirador #1” y le atribuyó directamente la responsabilidad del acuerdo para proceder al pago de los sobornos.
Colaboración incompleta
Pese al mencionado acuerdo extrajudicial, la Fiscalía estadounidense no se quedó precisamente con un buen recuerdo de Imagina. Pese a que Mediapro aseguró en su día que había colaborado con la Justicia en este caso, el organismo norteamericano acusó a la empresa en el escrito del acuerdo de culpabilidad de colaborar solo de forma reactiva, en lugar de tomar la iniciativa ante las investigaciones que se estaban llevando a cabo.
El fiscal fue por entonces más allá al incidir en que cuando el primer escrito de acusación sobre los presuntos sobornos fue comunicado, Gerard Romy, informó a la cúpula del conglomerado de que la información nada tenía que ver con él o la filial de Imagina en EEUU, pese a que su nombre aparecía como uno de los sospechosos. Acusa además a la empresa de no poner en marcha una investigación interna con el objetivo de comprobar si Romy estaba diciendo la verdad.