El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la próxima reunión del Consejo Europeo con un pesado lastre a la hora de defender una mutualización de la factura de la crisis del coronavirus a través de los eurobonos. Se trata de las cifras de déficit público de 2019, publicadas este martes, y que reflejan el primer incremento que presenta España de su desequilibrio presupuestario en los últimos siete años. Todo un arma de destrucción masiva para el bloque de países que se opone a la propuesta defendida principalmente por España e Italia, y que no están dispuestos a compartir riesgos para beneficiar a socios que no dan pasos hacia adelante en la consolidación fiscal.

Los números no dejan mucho margen de defensa al Gobierno español. El déficit en 2019 se elevó hasta el 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas por encima del registrado en 2018. Un avance que no se registraba desde 2012, el primer año completo de la primera legislatura con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Desde entonces, el desequilibrio en las cuentas públicas fue siempre a la baja, en linea con el compromiso con la Unión Europea.

Clima de tensión

En términos absolutos, el incremento del déficit fue de casi el 9%. Pero, además, el objetivo del Gobierno Sánchez apuntaba justamente en la dirección contraria, es decir, a una rebaja de cinco décimas, para cerrar 2019 en el 2%. En una palabra, el equilibrio de las cuentas públicas se le fue de las manos al Ejecutivo, que volverá a solicitar un gesto de solidaridad a sus socios europeos.

Será difícil y más aún con semejante carta de presentación. La última reunión del Consejo terminó con la negativa de Italia y España a firmar una suerte de principio de acuerdo, por lo demás vacío, en el que no había ni atisbo de emisiones de bonos por parte de un instrumento común ni mucho menos de algo parecido a un Plan Marshall para la reconstrucción de una Europa a la que el coronavirus dejará seriamente tocada desde el punto de vista económico.

Adiós a la estabilidad

Enfrente, los argumentos de los principales opositores, liderados por Holanda y Alemania, con apoyos como los de Austria y Finlandia, pasan precisamente por su exigencia de una ortodoxia en las cuentas públicas de la que vuelve a distanciarse España.

Bien es cierto que cuando el Covid-19 mostró su verdadera cara y comenzó a amenazar seriamente el crecimiento de las economías europeas en 2020, al Consejo europeo no le costó ratificar el acuerdo alcanzado por los ministros de Finanzas en el Ecofin sobre la necesidad de ser más flexible en cuanto a la estabilidad presupuestaria. Fue en la primera reunión telemática de jefes de Estado y de Gobierno, a la que habrían de seguir otras en las que la aparente buena sintonía de ésta fue desaparecieron conforme los efectos de la pandemia obligaban a los respectivos Ejecutivos a tomar medidas cada vez más drásticas. Y, sobre todo, más costosas.

Subir el gastor público

El problema para la posición que defiende Pedro Sánchez es que las cifras de desequilibrio con las que se presentará corresponden a 2019, cuando ni se había oído hablar del coronavirus, al menos en el Viejo Continente. Y también, que los primeros pasos recorridos en las primeras semanas de 2020 hacia la elaboración de unos nuevos Presupuestos apuntaban a un incremento del gasto público que, muy probablemente, conllevara un incremento del déficit. De hecho, el presidente del Gobierno ya había encomendado a su vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, altamente considerada en las esferas comunitarias, la labor de convencer a los socios comunitarios de la necesidad de dar este paso para poder desarrollar su programa de gobierno.

Italia y España son los países europeos más golpeados por el virus y, al mismo tiempo, los que se encuentran en una situación más complicada para financiar el elevadísimo coste que supondrá paliar los efectos de la crisis y que repercuta lo menos posible en la actividad económica, prácticamente paralizada, y el empleo. Ni siquiera la artillería pesada que ha sacado el Banco Central Europeo para comprar masivamente de deuda de los estados miembros ha aliviado lo suficiente la tensión en unos mercados de renta fija que han contemplado la huida generalizada de los bonos italiano y español por parte de los inversores.

Señalados por el mercado

Este martes, la prima de riesgo de Italia seguía en los 200 puntos básicos y la española volvía a aproximarse peligrosamente a los 120, más del doble que antes de que la crisis del Covid-19 se abalanzara ce forma violenta encima del Viejo Continente, apenas hace un mes y medio.

En el polo opuesto, todos los socios europeos que lideran el bloque “insolidario” tienen sus respectivos bonos de referencia a largo plazo en tipos negativos. Miran con más tranquilidad a la financiación pero no quieren ni oír hablar de compartir riesgos. Y menos con países que no parecen dispuestos a encauzarse hacia la senda de la consolidación fiscal.

En la próxima reunión del Consejo esperarán a Sánchez con los datos del déficit público de España en una mano. Y con la otra volverán a señalar el camino del fondo de rescate que Italia y España vuelven a negarse a recorrer. Paradójicamente, como en aquel 2012, el último año, hasta ahora, en el que España aumentó su desequilibrio presupuestario.