Los analistas consideran que no es recomendable restringir el uso de dinero en efectivo debido que puede provocar “la exclusión de sectores sociales muy vulnerables, que solo tienen ese medio de pago para garantizar su subsistencia”. Así lo ha señalado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que advierte que los más perjudicados serán personas mayores y habitantes de poblaciones rurales.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los bancos centrales han manifestado el bajo riesgo en el contagio de coronavirus que comporta el efectivo, muchos comercios han recomendado el uso de tarjetas y pagos móviles. Las organizaciones han insisten en que billetes y monedas tienen las mismas posibilidades de transmisión que cualquier otro tipo de materiales y objetos como barandillas, pomos, tarjetas de crédito o teléfonos y que después de su uso, al igual que el de cualquiera de estos objetos, es preciso aplicar las medidas de higiene recomendadas, como lavarse las manos.
Afectación en parte de la población
"De acentuarse y extenderse esta estrategia —de reducir el efectivo— habría un importante núcleo social que quedaría especialmente desprotegido y vulnerable en esta situación de crisis global provocada por la pandemia", alerta la institución. Según su estimación, algo más de un millón de españoles no tiene acceso a oficinas bancarias o a puntos de acceso al dinero en efectivo y prevé que en menos de cinco años se encontrarán en esa situación tres millones de personas, dado el ritmo de cierre de oficinas bancarias y la expansión del dinero de plástico.
Instituto Coordenadas insiste en que "es muy peligroso restringir y limitar el uso de la forma de pago más usada, más extendida y más democrática" porque muchas personas mayores no habituadas a medios de pago electrónico o ciudadanos de zonas rurales donde en los negocios escasean los TPV, "pueden ver incrementadas sus dificultades y riesgos de exclusión a las ya de por si previsibles por la pandemia".
El análisis del Instituto señala que la pauta de actuación institucional en este sentido debería ser la contraria, "la de eliminar factores de exclusión para los más vulnerables" y apunta a que algunas autoridades monetarias, como el Banco de Canadá, han tomado medidas concretas para que el flujo de dinero efectivo no se reduzca y fluya con normalidad, "conscientes de que es un factor esencial de protección y defensa de la actividad diaria para una buena parte de la población".