El Gobierno español anunció un plan de choque para combatir los efectos negativos de la expansión del coronavirus en la economía, especialmente en lo concerniente al empleo. Según el cálculo del Ejecutivo supondrá la movilización de un total de 200.000 millones de euros, de procedencia tanto pública como privada. No obstante, no se trata de una inyección directa a la economía real, al bolsillo de los ciudadanos, sino una manera de allanar del camino para facilitar, especialmente a pymes y autónomos, el acceso a créditos en condiciones ventajosas.

En el caso del programa especial del Banco Central Europeo (BCE), dotado con 750.000 millones de euros, para añadir a los 120.000 millones anunciados en un primer momento, su destino principal será la compra de deuda, tanto emitida por los estados miembros de la eurozona como de compañías privadas, con el fin de evitar que el coste de financiación se dispare por efecto de la volatilidad de los mercados y termine asfixiando a las economías.

Avales y empleo

El plan del Gobierno hará posible que muchas pymes que se han visto afectadas por el cese forzado de su actividad debido a la declaración del estado de alarma puedan sobrevivir en este entorno y afrontar los ajustes de plantilla que tendrían que llevar a cabo. Contar con el aval del Estado asegurará la concesión de préstamos que, en circunstancias como las actuales, de notables bajadas de facturación, serían inalcanzables.

De este modo, la mitad del plan consiste, en realidad, en garantías. Repercutirá de forma indirecta en ciudadanos que podrán salvar su empleo gracias a que las empresas para las que trabajan habrán accedido a la financiación necesaria para mantener el negocio a flote en estas circunstancias.

Coste de financiación

Los efectos de las medidas del BCE son notablemente más diluidos. En teoría, el ahorro de los estados a la hora de financiarse será una partida que no tendrá que repercutir en el contribuyente, vía un incremento de impuestos, por ejemplo. En el caso de que el Tesoro Público tuviera que emitir con intereses mucho más elevados de los actuales, el Ejecutivo podría elevar la presión fiscal para tratar de compensar el incremento de la factura.

Esta sería la principal repercusión para el ciudadano. Por lo demás, se trata en realidad de una especie de dinero virtual, que el BCE termina amortizando y no llega como tal al contribuyente.