Empresarios y sindicatos reclaman un fondo de liquidez masivo

Un fondo gigantesco de liquidez. Es el denominador común en las peticiones de empresarios y sindicatos, de las grandes patronales y de los representantes de las pymes y los autónomos y la Cámara de Comercio de España. El parón económico por el coronavirus sólo se podrá paliar si existe un gran fondo que permita la actividad cuando el coronavirus quede atrás y asegure ahora el pago corriente de las empresas. Tanto Fomento, como Pimec, o las principales asociaciones de trabajadores autónomos, así como los sindicatos creen que es lo único que puede solventar una situación que se agravará en las próximas semanas, con la presentación este lunes de hasta 70 expedientes de ERTE en Cataluña. 

Mientras los gobiernos autonómicos están centrados en la lucha sanitaria para combatir el coronavirus, con una petición urgente de material, --es el caso de García-Page en Castilla-La Mancha, pendiente de reorientar toda la economía de la región-- los agentes económicos y sociales reclaman medidas económicas que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha comenzado a estudiar, pendiente, a su vez, de la celebración de un Consejo Europeo que está dispuesto a aprobar medidas de largo alcance. 

Un fondo inicial de 20.000 millones de euros

El Ejecutivo de Sánchez estudia sacar adelante una línea de avales públicos con el objeto de que sea la banca privada la que ofrezca a las empresas créditos por un importe de alrededor de 20.000 millones de euros. Sería una medida que podría aprobar ese mismo martes en el Consejo de Ministros. El economista Antón Costas, expresidente del Círculo de Economía, señala a Crónica Global que “el fondo de liquidez debe ser esta vez muy ambicioso, porque sólo así se podrá evitar una crisis muy profunda en los próximos meses, y se deben poner a disposición varios puntos del PIB”, con la idea de que no puede haber "dudas" sobre la ambición del plan.

Esa decisión del Gobierno va en la línea de lo que ha pedido Foment, porque, como ha solicitado la patronal catalana, los avales los concedería el ICO. Esos avales se podrían ampliar hasta los 50.000 millones. Y se basaría en un hecho importante en estos momentos: los bancos tienen liquidez, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2008. Pero necesitarían ese aval del Estado, a través del ICO. La cantidad que fijó Foment, inicialmente, fue de 30.000 millones.

Flexibilidad para los ERTE

La Cámara de Comercio de España incide también en la necesidad de ofrecer a las empresas un gran fondo de liquidez. El organismo, que agrupa a todas las cámaras de comercio, ha elaborado un paquete de medidas que tienen elementos comunes con la reclamación de patronales y sindicatos. Una de ellas es que se facilite la “flexibilidad laboral con la “agilización o reducción” de plazos para el trámite de procedimientos de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas por causas productivas, en línea con lo que decidieron las empresas alemanas durante la crisis de 2008, y, en concreto, sobre la simplificación de los ERTE.

También se apuesta por la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social de los autónomos “obligados al cese de actividad por cuidado de hijos o dependientes”. Entre las medidas fiscales, se propone “aplazar el pago de impuestos trimestrales y retenciones los dos primeros trimestres del año a autónomos y pymes que se hayan visto afectadas en su actividad en todo el país, y contemplar la posibilidad de condonación en determinados supuestos”.

Poder financiero local

Destaca una medida concreta, por parte de la Cámara de Comercio de España y es la relacionada con los ayuntamientos. “Flexibilizar la regla de gasto a los ayuntamientos en el 2020 con el fin de que inviertan en autoconsumo y apoyo al tejido productivo y social, siempre que lo financien sin incremento en la deuda”. Y es que la limitación de gasto, impuesta con los gobiernos del PP, se ha mantenido en los últimos años, pese a la mejora de la situación financiera de los entes locales.

La forma de implementar todo ello, debería ser, según la Cámara de Comercio, un punto de contacto directo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “que pueda informar con carácter específico” y tramitar las solicitudes de las empresas.

Bonificación de cuotas de la Seguridad Social

Pero hay otras muchas cuestiones que han ido desarrollando las patronales y sindicatos en los últimos días. Una de ellas es la relacionada con el turismo. El Ejecutivo estudia una línea de crédito específica para el sector, dotada con 400 millones, que correría por completo a través del ICO.

En otra situación están los autónomos, que pueden correr el mayor riesgo con el cese de la actividad. Las principales asociaciones de trabajadores autónomos como ATA, UATAE o UPTA, ven tres medidas indispensables. Una de ellas es la prestación por cese de actividad, y la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social. La prioridad será, según las peticiones de las tres entidades, la prestación por cese de actividad en los casos en los que se haya obligado, por parte el Gobierno, a parar durante las próximas dos semanas. Y también se debería hacer extensible a los que se han visto obligados a permanecer en casa para el cuidado de hijos o de personas dependientes.

El fondo de 1.000 millones de la Generalitat

La medida también se solicita para los autónomos que hayan quedado infectados por el coronavirus, y estén en cuarentena o ya con varios días de baja, con esa bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social. Hasta ahora percibían hasta el 75% de su base de cotización, pero seguían abonando la cuota a excepción de que la baja tuviera una duración mayor a los 60 días.

El mayor esfuerzo, por parte de empresarios y sindicatos se reclama al Gobierno central. Las comunidades autónomas todavía no han elaborado planes específicos, aunque la Generalitat de Cataluña sí ha propuesto un fondo de 1.000 millones para asegurar la liquidez de las empresas.

Aplazamiento del pago del IVA

En un documento conjunto entre la CEOE y los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, que entregaron el pasado jueves al Gobierno, se insiste en ese fondo de liquidez y en la necesidad de “simplificar y agilizar los procedimientos en los expedientes de regulación de empleo (ERTE). Ante la falta de liquidez, porque no hay ingresos por el parón económico, se pide la suspensión de la obligación de pago de la las cotizaciones sociales por parte de la empresa. Y, por el otro lado se pide el acceso a la protección por desempleo sin exigir un periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo,

Las pymes, en todo caso, tienen problemas específicos, pese a las medidas comunes que pide todo el tejido económico. Pimec ha elaborado un paquete de reclamaciones con varios puntos centrales: la supresión de la cotización social para pymes y autónomos, el aplazamiento del pago del IVA y de hipotecas y créditos y un fondo mayor a lo que ofrece la Generalitat, que debería incrementarse hasta los 3.000 o 5.000 millones. En el caso de la relación de esas empresas con el Ejecutivo central, lo que se reclama es ya histórico: que la Administración pague a sus proveedores a 30 días como máximo, en lugar de los 90 días habituales en muchos casos.

La ayuda de los propietarios de inmuebles

La Cámara de Comercio de Barcelona, que dirige Joan Canadell, también se ha pronunciado en una línea similar, con la necesidad de que no se permitan los recursos de ejecución de pagos, y que los bancos puedan alargar los periodos de retorno, con garantías para unos ingresos mínimos para los autónomos.

El economista José Carlos Díez solicita mirar con mayor precisión la situación de las empresas, con especial atención a los trabajadores de las compañías que se hayan visto forzadas a realizar ERTEs: “Es muy probable que algunos de esos empleos se acaben perdiendo y por eso es clave la medida que estudia el Gobierno para que los trabajadores no pierdan derechos durante esa situación excepcional y si hay despido definitivo estén como estaban antes del ERTE”.

Otra medida necesaria, que sí ven los economistas consultados, es renegociar los alquileres y otros gastos que “consuman liquidez”. “Eso es una negociación caso a caso pero los propietarios en estos momentos deberían ser flexibles y priorizar mantener a los inquilinos", señala Díez.