El Consejo de Ministros acaba de aprobar el mayor plan de choque de la historia de la democracia, que supondrá movilizar hasta 200.000 millones de euros, tanto públicos como privados, para tratar de paliar el efecto del coronavirus en la economía española. Más de la mitad de este paquete saldrá de las arcas públicas, mayoritariamente en forma de de avales a empresas.

Las medidas incluyen una moratoria hipotecaria para colectivos vulnerables, cobertura a los trabajadores afectados por los numerosos ERTE que se pondrán en marcha por la paralización de la producción, y apoyo a los autónomos afectados por el cese de actividad.

Avales públicos por 100.000 millones

El grueso del Real Decreto Ley aprobado este martes se concentra en una línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros destinados especialmente a las pequeñas y medianas empresas con el objeto de que puedan afrontar los costes que supondrán tanto el impacto del virus en sí como de las medidas de urgencia que ha tenido que asumir el Gobierno, especialmente la declaración del estado de alarma, para tratar de contener el avance del Covid-19.

La movilización de recursos provenientes del sector privado hará posible que está cuantía se incremente entre 50.000 y 100.000 millones más, según precisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras concluir la reunión del Consejo de Ministros, celebrada por primera vez en la historia de modo telemático para prevenir posibles contagios. Algunas entidades financieras comunicaron la pasada semana la puesta en marcha de ambiciosos programas de liquidez para pymes y autónomos.

Colectivos vulnerables

Además, otros 17.000 millones también saldrán de las arcas públicas para financiar otras medidas incluidas en el real decreto, entre las que se incluyen la citada moratoria en el pago de las hipotecas para los componente sde colectivos vulnerables, que hayan visto reducidos sus ingresos o que se hayan quedado sin empleo como consecuencia de la crisis provocada por el virus procedente de China.

La normativa, calificada como “histórica” por Sánchez también incluye un conjunto de ambiciosas medidas de protección a aquellos trabajadores que se queden sin empleo como consecuencia de los ajustes laborales como consecuencia del parón de la producción.

ERTE por fuerza mayor

La normativa que aprobará el Gobierno en materia laboral, que tendrá carácter temporal, consiste básicamente en enmarcar en una situación de fuerza mayor los ajustes de plantilla llevados a cabo por las empresas que se deriven de las distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo adoptadas por la expansión del coronavirus entre las que, por supuesto, se incluye la declaración del estado de alarma.

Así, la consideración de situación de fuerza mayor se podrá aplicar a despidos temporales causados por la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas.

Prestaciones sin consumir paro

También se incluirán como causas relacionadas con el Covid-19 la derivada de falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. Todas ellas deberán quedar debidamente acreditados.

Los empleados afectados por esta situación tendrán la posibilidad de disfrutar de la prestación por desempleo aunque no se alcance el periodo mínimo de cotización para disfrutar de ella. Además, el cobro de esta prestación no computará como consumida para aquéllos que la disfruten, por lo que cuando puedan regresar a sus puestos de trabajo seguirán teniendo intacta dicha prestación.

El Gobierno también introducirá medidas para agilizar la tramitación de los ERTE causados por circunstancias relacionadas con el Covid-19, que no irá más allá de 7 días, de forma improrrogable.

Apoyo a autónomos

En lo referente a los autónomos, otro de los colectivos más perjudicados por la situación generada por la extensión del coronavirus, el Gobierno ha aprobado medidas para flexibilizar el acceso a las prestaciones que les corresponde por cese de actividad en el caso de que hayan tenido que parar forzosamente la producción o echar el cierre a su negocio.

Las partidas destinadas a este colectivo también incluirán el cobro de prestaciones en el caso de dificultad económica y también facilidades económicas para aquellos que tengan trabajadores a su cargo y se vean obligados a llevar a cabo un ERTE.

Pactar los PGE con todos

A preguntas de los periodistas, realizadas también de forma telemática, Pedro Sánchez ha admitido que “necesitamos unos Presupuestos del Estado con carácter de emergencia pero que también tienen que ser de reconstrucción, para mirar hacia adelante". En este sentido, el presidente del Gobierno ha matizado que para elaborar unas nuevas cuentas públicas, el Ejecutivo tiene que tener más claro el escenario macroeconómico que dejará la crisis del Covid-19 y actuar a partir de ahí.

Eso sí, Sánchez se mostró abierto da pactar los Presupuestos “con todas las fuerzas políticas”.